Jueces y fiscales se plantan con las reformas de Bolaños y convocan un paro general el 11 de junio
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro el 11 de junio a las 12.00 horas en protesta por la reforma legal en la que trabaja el Ejecutivo relativa, entre otros asuntos, a los cambios de acceso a la carrera judicial o a la entrega a la Fiscalía de la instrucción de las causas. En un comunicado conjunto han solicitado a Moncloa que no siga adelante con el proyecto de ley sobre la "ampliación y fortalecimiento" de las carreras judicial y fiscal porque, dicen, afecta gravemente a la independencia judicial. Al respecto, han avisado de que si aprueban estas modificaciones, las impugnarán en los tribunales.
En concreto, reclaman al ministro Félix Bolaños la "retirada" de esta reforma porque recoge medidas "altamente perjudiciales" que no responden a una verdadera demanda social ni tampoco contribuyen a solucionar "los verdaderos problemas de la justicia". Al contrario, consideran que estas medidas legales incrementan los riesgos de su politización y debilitan "los valores en los que se sustenta el Estado de Derecho".
De esta forma, protestan contra el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y por la Ley de 1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El comunicado lo firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente junto con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). No se han adherido Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UFP).
Piden independencia real de los fiscales
La primera de las críticas se centra en la modificación legal para darle la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal. "Concluimos que una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigador", indican.
No es la primera vez que el grueso de la carrera fiscal y judicial se pronuncia sobre este cambio de calado. En este sentido, mantienen que, para darle la instrucción de los casos a los fiscales, se debe garantizar la independencia de éstos, dado que el Ministerio Público es un ente jerarquizado en el que los fiscales rinden cuentas a su superior. "Las asociaciones firmantes pedimos la retirada de dicho anteproyecto, a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal", indican.
Por todo ello, reclaman que se remitan los informes realizados en su día y los que se prevén realizar sobre estas formas, avisando, además, de que activarán todos los canales europeos, especialmente el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europea (GRECO) y la Comisión de Venecia para denunciar de que estos cambios legislativos del Gobierno "pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes".
Los acuerdos incumplidos de 2023
Además, reclaman también reuniones con "todos" los grupos parlamentarios, con el CGPJ -que se tendrá que pronunciar sobre la norma- y otras asociaciones de la carrera, para explicarles "los peligros y las consecuencias" de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la Justicia. Del mismo modo, avanzan su compromiso de impugnar las reformas en los tribunales si Moncloa sigue adelante con su tramitación, aunque mantienen su propuesta a seguir debatiendo con el Ministerio de Bolaños y los grupos parlamentarios para encauzar estas modificaciones de calado.
Las asociaciones exigen también al Gobierno que cumpla los acuerdos alcanzados el 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga anunciada. Cabe recordar que el Gobierno se comprometió entonces a ejecutar una subida salarial cercana a los 450 euros de media, a crear 200 nuevas plazas de jueces y fiscales entre dicho ejercicio y el siguiente, y a celebrar reuniones periódicas de la Mesa de Retribuciones, ya que estuvieron casi dos décadas sin convocarla pese a que la ley establece que debe revisarse cada cinco años.
"Yendo más allá, se realice desde ya (interesamos) una amplísima convocatoria de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad", indican.