La jefa del proyecto de Tragsatec al que fue adscrita Jésica Rodríguez –contratada en una empresa pública a instancias del exministro José Luis Ábalos en un evidente caso de nepotismo– ha admitido en la comisión del Senado que desde la presidencia de Adif le advirtieron varias veces, verbalmente y por escrito, de que «dejara en paz» a la protagonista de este episodio. Esta advertencia la recibe, según la supervisora, desde la propia presidencia de Adif, puesto que en ese momento ocupaba Isabel Pardo de Vera, hoy imputada por los tribunales. La orden de no contravenir a Rodríguez llegó, según la declaración en la Cámara Alta de Virginia Barbancho, cuando se dio cuenta de que no fichaba y advirtió de esta irregularidad a «la 'sobrina' de Ábalos», que es como se le conocía en la empresa en el enésimo eufemismo de la prostitución que emerge del caso Koldo. Al parecer y según el relato de Barbancho, a Rodríguez se le ofreció teletrabajar y la responsable del proyecto instaló un sistema para que fichara como el resto de empleados, mecanismo que ignoró. Esta situación indignó a su superiora por estar recibiendo un sueldo de una empresa pública sin cumplir mínimamente con sus tareas, situación que se había creado por ser quien era y con la supuesta connivencia de las más altas instancias. Indignada y cansada de recibir presiones para ignorar lo que sucedía y hacer la vista gorda, renunció al cargo. El hecho de que cesara Barbancho y no Jésica, y que el asunto lo denunciara ante la propia presidencia, pone sobre la mesa varias cuestiones que resultan de trascendencia. La primera es la ofensa que este asunto representa para la meritocracia por la que deben regirse las empresas, especialmente las públicas, desde el momento en el que se da acceso a un puesto de trabajo a una persona cuyo único mérito era su relación personal con un ministro. Además, se derrocha el dinero de todos los españoles para mantenerla en un puesto sin trabajar, se termina perjudicando a los profesionales que cumplen con su trabajo de fiscalización y, por último, todo esto sucede con el conocimiento y la complicidad de la presidencia de la que dependía la trabajadora. La perversión se completa en cuanto, recibiendo una alerta, se actúa en contra de la persona que denuncia. En Adif y en el Gobierno sabían quién era Jésica Rodríguez, por qué estaba contratada y por qué podía cobrar sin trabajar; en caso contrario, no hubiera llegado a formar parte de la plantilla de la empresa ni se le hubiera permitido percibir retribución sin cumplir con sus obligaciones. El escándalo prueba que la versión de los hechos divulgada desde el Gobierno, el PSOE y sus portavocías de que lo ocurrido fue un fallo que se produjo sin que nadie se diera cuenta resulta una mentira difícil de sostener. Al igual que sucede en el caso del hermano del presidente del Gobierno, cuya contratación es objeto de juicio y al que se referían en la Diputación de Badajoz como 'el hermanísimo', el enchufe de la presunta 'escort' del ministro Ábalos era un escándalo que se llevó a cabo con conocimiento sonoro de las partes implicadas. No actuaron erróneamente, llevados por el desconocimiento y la relajación de sus deberes de vigilancia, sino que toda esta trama la tejieron sin esconderse y a plena luz del día, sabiendo lo que estaba en juego, protegidos por una sensación de absoluta impunidad y amparados por la ley del silencio, impuesta desde lo más alto , en este caso de Adif, para perpetuar la irregularidad, amenazar a quienes cumplían su labor de vigilancia y evitar la filtración de un escándalo que a muy pocos pasó inadvertido.
