La Guardia Civil sumida en la peor crisis de su historia
La indignación recorre todas las comandancias, puestos, despachos y oficinas de la Guardia Civil. Los agentes se sienten desde hace semanas señalados por los dirigentes socialistas por las investigaciones que tiene en marcha la Unidad Central Operativa (UCO) contra el entorno del Gobierno. Están inmersos en una de las mayores crisis de la historia del Instituto Armado, según informan fuentes del Cuerpo a LA RAZÓN.
El "cabreo mayúsculo" que se vive en el sino del Cuerpo no se circunscribe solo a los acontecimientos de esta semana. La paulatina pérdida de competencias en diferentes demarcaciones de España han mermado el poder histórico de la institución. Esta decisión se ha visto como un "proceso de desmantelamiento" en favor de los intereses políticos.
Muchos agentes han tenido que virar sus vidas profesionales y personales sin reparo. Son los damnificados del País Vasco, Cataluña o Navarra. "Estamos hasta las narices que nos usen como moneda de cambio política", afirman estas fuentes. Un lamento que se ha incrementado con el desarrollo de las últimas semanas.
El primero de estos acontecimientos fueron las declaraciones de varios dirigentes socialistas que les acusaban que filtrar los mensajes de WhatsApp del presidente del Gobierno con José Luis Ábalos, publicados por "El Mundo". Los investigadores del "caso Koldo" presenciaron atónitos como se proclamaban estas consignas contra ellos mismos.
Precisamente, este ataque contra su lealtad no se produjo cuando los medios reproducían los mensajes de Víctor de Aldama con miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algo no cuadraba. A los pocos días se supo que una parte de las conversaciones fueron filtradas por el propio Ábalos. Estas manifestaciones frenaron la campaña latente contra ellos.
Una tranquilidad efímera
Una tranquilidad que no duró muchas semanas. Los audios de Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, pusieron el foco en Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, responsable del grupo contra la delincuencia económica que investiga los casos de corrupción del entorno del PSOE. Este mando lleva más de dos décadas en el Instituto Armado y cuenta con una trayectoria intachable que comenzó en la lucha contra ETA.
La plantilla de la Guardia Civil se ha tomado estas grabaciones como un nuevo ataque a uno de los mayores baluartes de la institución. "Solo se acuerdan de nosotros para meter mierda en lugar de preocuparse por las condiciones laborales, económicas o materiales", lamentan enfadadas estas fuentes.
El grado de indignación en todos los estamentos del Cuerpo es enorme con lo que consideran una reiteración de ataques gratuitos. Otro de los factores que no está ayudando es el silencio de la directora General Mercedes González o de Manuel Llamas, el Director Adjunto Operativo (DAO).
Y es que los agentes no se consideran respaldados por sus superiores y tienen que recibir cada día un nuevo golpe que escuchan o ven en los medios de comunicación. Consideran que están inmersos en una de las mayores crisis que ha vivido la institución en su larga historia.
Nadie podía imaginar que una de múltiples causas de hidrocarburos fuera el epicentro de tal polémica. La "Operación Drake" es el inicio de la investigación contra el presidente del grupo petrolero Hafesa Alejandro Hamlyn. Este caso ha estado rodeado de misterio.
La UCO sigue en pie
La Guardia Civil reconoció en varios escritos que algunas las grabaciones claves desaparecieron o fueron dañadas. Una de las partes personadas en el procedimiento solicitó la imputación de más de una decena de agentes del Instituto Armado por estos hechos. Además, una semana antes del arranque la defensa de Hamlyn presentó un nuevo informe de peritaje forenses sobre las grabaciones.
Con todos estos acontecimientos, el lunes se iniciaron las sesiones en la Audiencia Nacional sin la presencia de Hamlyn. El empresario se encuentra en Dubai y no puede salir del país porque tiene un procedimiento judicial abierto. A la vista de los hechos, se decidió suspender durante un mes el juicio que se volverá a reanudar en San Fernando de Henares (Madrid).
A pesar de todos estos "palos" y críticas, la UCO sigue en pie desarrollando su trabajo. En el horizonte se encuentra el esperado informe solicitado por el Tribunal Supremos sobre aforados socialistas. De la misma forma que tienen sobre la mesa otras diligencias. No cesan en su labor de frenar a los delincuentes. Cueste lo que cueste y le pese a quien le pese.