Azucarera presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), justificado por causas económicas, productivas y organizativas, que afectará a 251 empleados de todos los centros productivos de la compañía, incluidas las oficinas de Madrid y Barcelona. Esto supone el 26,6% del total de la plantilla, integrada por 944 trabajadores, según ha informado la empresa. Asimismo, ha anunciado el cierre de su planta de La Bañeza (León). La firma, propiedad de Associated British Foods (AB Foods), ha iniciado el período de consultas con los representantes de los trabajadores y promoverá una negociación que ayude a buscar soluciones efectivas y respetuosas con los afectados. «Ante un contexto agronómico, económico y regulatorio desfavorable, Azucarera no ha conseguido en los últimos años los resultados esperados a pesar de los esfuerzos comerciales y los proyectos de inversión e innovación realizados», ha señalado la empresa. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso de reestructuración que la firma afrontará para garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y recuperar su competitividad en el mercado para lo que abordará una reorganización de sus instalaciones y centrará toda la producción de azúcar de remolacha del norte de España en Toro (Zamora). Esto supone que cesará la molturación de remolacha en las fábricas de La Bañeza (León) y de Miranda de Ebro (Burgos), si bien esta última planta seguirá operativa como refinería de azúcar en el norte de España. Además, seguirá contando con dos centros de envasado, uno en el norte en Benavente (Zamora) y otro en el sur, en Jerez de la Frontera (Cádiz). «La decisión de concentrar toda la molturación en un único centro es la única manera de garantizar nuestra sostenibilidad y el futuro de la empresa. La hemos tomado tras un profundo análisis de todos los escenarios posibles», ha explicado el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero. La empresa ha justificado la reestructuración en la confluencia de «múltiples variables estructurales», entre las que cita los «elevados costes» de mantener tres fábricas operativas; la volatilidad del precio del azúcar, «intensificada por las importaciones procedentes de terceros países en condiciones de mayor ventaja», y la caída de las producciones de remolacha por la prohibición del uso de sustancias activas. «Esta restructuración nos permitirá ser más eficientes y competitivos, al tiempo que seguiremos suministrando azúcar al mercado con agilidad, manteniendo los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria», ha subrayado Rivero, quien ha asegurado también que Azucarera seguirá al lado de los remolacheros y trabajará para mejorar la rentabilidad de la remolacha y para garantizar la continuidad del negocio y la estabilidad del empleo. Con esta nueva configuración operativa, Azucarera ha subrayado que «recuperará su competitividad y seguirá siendo el proveedor de referencia en el mercado ibérico». A finales de abril, Associated British Foods (AB Foods), dueño de Primark y Azucarera, advirtió de que estaba a punto de completar una revisión operativa de su negocio español de azúcar con diversos escenarios de reestructuración ante una base de costes «estructuralmente demasiado alta». Tras conocer la decisión de la compañía, el secretario de Industria de Comisiones Obreras en Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, ha cifrado en 203 los despidos de Azucarera en la región donde la empresa cerrará la planta de La Bañeza (León) para centrar toda la molturación de remolacha en la fábrica de Toro (Zamora), mientras que la de Miranda de Ebro (Burgos) se quedará como refinería de azúcar en el norte. Esto supondrá 203 despidos en Castilla y León de los 251 anunciados por la empresa en todos los centros productivos de los que 50 despidos se producirán en Miranda de Ebro, 26 en la planta de Toro, uno en Benavente y el resto (126) en La Bañeza, según ha informado CCOO. Brezmes ha rechazado «de forma contundente» la decisión de la empresa y ha asegurado que Comisiones Obreras tratará «por todos los medios» de que se revierta la situación para lo que ha reclamado «un frente común» entre todas las administraciones a las que ha pedido que arrimen el hombro «y dejen las disputas políticas aparcadas en favor de las personas que trabajan en Azucarera». «No podemos obviar que la decisión la toma la multinacional. Y los políticos, en lugar de repartir culpas, lo que deben hacer es repartir soluciones y no utilizar a las personas trabajadoras como munición política», ha añadido. De su lado, el secretario general UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha rechazado también el ERE anunciado . «Hay que conservar los puestos de trabajo íntegros de toda la compañía en el territorio nacional, pero nos vemos abocados a esta negociación», ha lamentado Montoro, quien ha señalado que el ERE afectará en todo el país a 251 trabajadores, 169 indefinidos y 82 fijos discontinuos. En concreto, el ERE afectará a once empleados de su centro de trabajo de Jerez de la Frontera (Cádiz), la única planta de Andalucía.
