Resulta inverosímil que nadie en el PSOE o en el Gobierno estuviera al tanto de la organización y funcionamiento de un grupo dedicado a recabar información contra un alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las investigaciones que más afectan a la Moncloa. La impudicia con que la militante socialista Leire Díez ofrece tratos de favor con la Fiscalía a un empresario investigado por la Audiencia Nacional solo es posible si siente un respaldo claro de aquellos a los que quiere beneficiar. Hay que tener un mandato muy firme para organizar y asumir los riesgos de una videoconferencia con un fugado de la Justicia española, un abogado investigado y otras personas no identificadas, y mantener una conversación sobre pactos espurios contra un funcionario investigador. El objetivo es claro: manchar el prestigio de la UCO, preconstituir pruebas y, luego, desactivar esta unidad de investigación. Gobierno y PSOE pueden silbar y mirar a otro lado, pero este turbio episodio, propio de las andanzas de una mafia, es una pieza que encaja en la desaforada campaña contra la Justicia que están ejecutando, en reparto bien definido, el Gobierno, el PSOE y sus socios de izquierda y nacionalistas. La UCO es una pieza esencial en la estructura del Estado contra la corrupción. Sus investigaciones no siempre han sido acertadas y sus informes han tenido, en ocasiones, sesgos valorativos excesivos. Pero estas tachas puntuales no descalifican la labor de una unidad de investigación que ha sido puntera en la revelación de delitos en muchos casos de crimen organizado, cohechos, malversaciones y prevaricaciones administrativas. La UCO no es reciente: fue creada en 1987, dato suficientemente revelador de que no es un instrumento de la derecha contra el PSOE. Es más, un repaso objetivo a la hemeroteca muestra la larga nómina de personalidades del Partido Popular, de la empresa privada, la banca y los negocios que han sido objeto de implacables y exitosas investigaciones de la UCO. Entonces, los socialistas jaleaban con estrépito la labor de esta unidad de la Guardia Civil. El modelo del Gobierno con la Justicia y con la UCO es el de la Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz como referencia de sumisión a los intereses partidistas. La condición de Policía Judicial que tiene encomendada la UCO es un freno al objetivo del Gobierno de neutralizarla. Pero que esté fracasando en su empeño no significa que no estemos ante un episodio de agresión del Estado (el Ejecutivo) al propio Estado (jueces y policías). Quienes deberían cubrir las espaldas de la Unidad Central Operativa frente a delincuentes, mafiosos y malversadores son los que, por acción o por omisión, están exponiendo a sus mandos y agentes a un proceso de deslegitimación. Baste ver la reacción tibia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, limitándose a confiar en que los jueces valoren las tretas mafiosas contra la UCO de un grupo de conspiradores de segunda división. Marlaska no da para más ante una responsabilidad ministerial que le viene grande, en la que ha sido humillado por el presidente del Gobierno y desde la que se ha convertido en un actor silente de las maniobras orquestadas contra sus subordinados, fieles servidores del Estado, no del Ejecutivo.
