La Justicia da 10 días a Economía para presentar alegaciones antes de decidir si paraliza el resultado de la consulta de la opa de BBVA
La Justicia ha dado un plazo de 10 días al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que presente sus alegaciones y «exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada» antes de decidir si paraliza el resultado de la consulta sobre la opa de BBVA al Banco Sabadell para que no pueda utilizarse como causa en la decisión final. Así ha resuelto la Audiencia Nacional en respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, contra la consulta pública que el Gobierno abrió el pasado 6 de mayo sobre la OPA de BBVA a Banco Sabadell. Fernandes reclamaba la adopción de medida cautelares, después de que el Ministerio de Economía obviara su petición de cese por la «vía de hecho», al estimar que se aprobó «sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad».
La firma dio a Economía un plazo de diez días desde el primer requerimiento que, al no ser atendido, decidió el pasado lunes interponer un recurso para pedir medidas cautelares, en el que se pidió suspender el uso de los datos obtenidos por la consulta para «evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso» y «asegurar la efectividad de la futura sentencia», informó el bufete.
Según su argumentación, la consulta es «contraria al principio de igualdad» y no discriminación, puesto que la formulación de la misma «es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación». Además, señala que el proceso para cumplimentar el formulario está «ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario», lo que infringiría la Ley del Procedimiento Administrativo Común, por la posibilidad de que una «suplantación a gran escala» podría «tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración».
Statera Legal también cree que el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que la consulta «no tiene cabida formal» en el ordenamiento jurídico, «dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros». Por ello, defiende que este procedimiento podría tener una «afectación» del interés público por la utilización de los datos recabados «sin ningún rigor y respaldo jurídico». Además, insiste en que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, de tal forma que cree que necesario impugnar la consulta en vía jurisdiccional y suspender de manera cautelar la utilización de los resultados.
Cuerpo ha defendido que el todo el proceso de la consulta ha respetado todos los términos legales vigentes y que no debía entenderse como un referéndum ni como una decisión de «sí o no» a la opa. Según dijo, su intención fue abrir la puerta a la participación de los ciudadanos, asociaciones y organizaciones, después de sus quejas por no ser escuchados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el procedimiento y que están en contra de la operación. El Banco Sabadell fue uno de los participantes, mientras BBVA no lo hizo por considerar que es parte del proceso, lo considera «irrelevante» y porque ya canalizó su postura.