La denuncia de un arrepentido fue la que llevó a los Mossos d'Esquadra a desmantelar una red de cocaína en el puerto de Barcelona , que lideraban un mando de la Policía Nacional: Calixto M., un inspector del Grupo 1 de Estupefacientes de la Udyco. «Aprovechando su condición de policía, aleccionó a otros partícipes en la actividad ilícita [una veintena] para adoptar medidas de precaución y facilitó datos», a los que accedió por su condición de integrante de las fuerzas de seguridad , para cometer con «menos riesgo su actividad delictiva». También para dificultar la actuación del propio Cuerpo, que podía descubrirlos. Así lo consideró probado la Audiencia Provincial, que impuso 15 años de cárcel al mando , por un delito contra la salud pública y revelación de secretos. Un fallo que ahora ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al desestimar su recurso de apelación. También el del resto de condenados, y confirma así las penas impuestas por la Sección 6ª. Entre estas, los cinco años de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal para Francisco L.M., también policía aunque cuando formó parte de la red ya estaba jubilado . Uno de los integrantes del entramado, J. L. Z. , fue quien interpuso una denuncia ante los Mossos, en abril de 2016, tras recibir amenazas cuando trasladó que quería desvincularse del mismo. Fue la información que aportó la que llevó a los investigadores a desmantelar la red de tráfico de cocaína. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando José Antonio C.R., responsable de una empresa de logística con sede en el Puerto de la capital catalana, Vapores Suardíaz Mediterráneo S.A., facilitó su infraestructura para descargar unos 200 kilos de cocaína de un contenedor con origen Brasil. Para ello contó con el mando de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Fue la primera de varias descargas. El inspector aleccionó a los integrantes de la red para utilizar una aplicación de mensajería, 'Wickr', en la que los textos se borraban a los pocos segundos para no dejar rastro. También consultó la base de datos del Cuerpo para obtener las matrículas de varios coches policiales que realizaban seguimientos a los integrantes de la organización, dedicada al narcotráfico, «con la intención de dificultar su actuación». Entre noviembre de 2015 y el año siguiente, Calixto invirtió -junto a otros condenados por narcotráfico- unos 120.000 euros para comprar cocaína en Colombia y trasladarla hasta Barcelona. Una vez recibido el cargamento, el resto de integrantes de la trama se encargaban de su distribución y venta. Incluido el agente jubilado Francisco L.M., a quienes los Mossos detuvieron en julio de 2017 en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) cuando trataba de entregar una mochila con la droga a un tercero, Ahmed A.. Durante los registros en casa del expolicía, los investigadores localizaron apuntes contables sobre las transacciones con la droga, así como cerca de 100.000 euros en efectivo. La sentencia de la Audiencia, que ahora confirma el TSJC, considera probado que tanto el inspector, como Francisco y dos individuos más, «conformaban una estructura delictiva estable, cuyo objeto era el tráfico de grandes cantidades de cocaína». El líder era Calixto, y el resto de integrantes « confiaban en que con su trasladado al Puerto de Barcelona podrían aprovechar su condición de inspector de Policía para incrementar su actividad delictiva». Contra el fallo, fechado el pasado 25 de abril, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
