El Gobierno debe 4.280 millones a los ayuntamientos por la falta de presupuestos

La incapacidad del Gobierno para aprobar unos Presupuestos Generales, sumado a la precipitación del Ministerio de Hacienda , que en julio del año pasado informó a los ayuntamientos de cuánto dinero dispondrían para gastar en 2025 sin tener amarradas las cuentas, ha provocado un agujero de 4.280 millones de euros en los presupuestos municipales. Esa es la diferencia entre lo que Hacienda les prometió en concepto de entregas a cuenta (26.893 millones), y que los consistorios utilizaron para elaborar sus presupuestos para este año, y lo que acabarán recibiendo (22.613 millones) si el Ejecutivo no actualiza conforme a datos de 2025 el mecanismo que reparte por adelantado esas entregas a cuenta, que no son más que la parte que corresponde a los entes locales por su participación en los tributos del Estado. Una vez evidenciada la incapacidad del Gobierno para aprobar unos presupuestos, en enero Hacienda trató de aprobar la actualización vía real decreto para que los ayuntamientos recibieran una cantidad mayor a la que correspondería por la mera prórroga de los Presupuestos de 2023 –esos 22.613 millones– y, de paso, también los cerca de 2.000 millones correspondientes a la liquidación de la participación local en los tributos de 2023. Sin embargo, esa norma cayó por estar incluida en el llamado 'decreto ómnibus', un cajón de sastre con el que el Ejecutivo pretendía aprobar varias medidas. Durante todo este tiempo, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) no ha dejado de pedir a Hacienda que presente una ley específica que resuelva el problema. Y el caso es que la tarde del martes, y a pesar de que durante mucho tiempo la ministra María Jesús Montero se escudó en la falta de presupuestos para no hacer lo que los municipios le pedían, ERC y el PSOE anunciaron que habían llegado a un acuerdo para desbloquear esos fondos, vía enmienda en una ley de circulación. No obstante, está por ver cuánto tarda en salir adelante la reforma, que aún está en fase de ponencia. En cualquier caso, aún no hay compromiso para llevar a cabo la reforma más importante que piden los ayuntamientos, una flexibilización la Ley de Estabilidad Presupuestaria que desbloquee los 45.000 millones que acumulan en ahorros ; sobre esto, Montero aún no se ha pronunciado.