Castilla y León rechaza la condonación de la deuda autonómica por ser «un peaje político» y carecer de «rigor»

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones a la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común en las que reitera su «oposición» a una medida que considera «un pago a un acuerdo de investidura sin un análisis técnico riguroso ni participación multilateral de las autonomías». Además, concluye que esta quita «no soluciona el problema estructural de financiación» y «simplemente» sirve para «mutualizar la deuda al transferirla al Estado». Además, considera que los criterios incluidos en la norma son «arbitrarios». Entre los argumentos remitidos por el Ejecutivo Autonómico se señala que «la condonación aislada es solo un 'parche'» y denuncia que «se decide sobre la autonomía financiera» de las comunidades «sin contar con su participación». Critica además que no se ha presentado «ningún estudio» en el que se «garantice» que el traspaso de deuda autonómica al Estado «vaya a resolver el problema de dificultad de acceso al mercado que padecen algunas comunidades». También rechaza que la medida «no aporta recursos adicionales», por lo que concluye que el endeudamiento «seguirá creciendo», por lo que sentencia que «se trata de una medida cortoplacista que busca el pago a apoyos políticos». Además, con la mutualización que denuncia afirma que Castilla y León «sería perjudicada» al « incrementarse» en 523 euros la deuda por habitante . También argumenta que los criterios propuestos para cuantificar la quita «son arbitrarios e ideológicos, penalizando la reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas» cuando, sostiene, que cualquier reparto «debe basarse en criterios objetivos, equidad, igualdad y eficiencia». Para finalizar, destaca que «la mayoría» de las autonomías, instituciones y analistas «se oponen» a la medida que el Gobierno pretende legislar, al considerarla «contraria al interés general de España» , además de que la Junta afirma que vulnera « los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y autonomía financiera» de las comunidades.