Ley de Amnistía: el PP reclama a Pumpido que lleve al TJUE 11 posibles infracciones del derecho comunitario
El PP ha dado un paso más para intentar paralizar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía. Tras solicitar sin éxito a Cándido Conde-Pumpido -como habían hecho previamente tres magistrados conservadores- que suspendiese la tramitación del recurso de los populares contra la ley (el primero que resolverá la corte de garantías), la formación de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado por escrito al TC que plantee una cuestión prejudicial (sería la quinta remitida por tribunales españoles sobre la amnistía) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que dirima si la polémica norma es contraria al derecho comunitario.
Subsidiariamente, para el caso de que el TC rechace plantear esa prejudicial, el PP insta a la corte de garantías a suspender la tramitación de su recurso hasta que el TJUE se pronuncie sobre las dudas planteadas ya por tribunales españoles.
En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el PP defiende que el Derecho de la Unión "obliga" al TC a formular esa cuestión prejudicial, algo que considera "imprescindible" y "patentemente obligatorio". De no hacerlo, advierte, "vulneraría a su vez el derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Además, pone de relieve que su petición no es extemporánea, pues el planteamiento de la cuestión prejudicial se puede solicitar "en cualquier momento del proceso" antes de la sentencia.
El PP sostiene que del contenido de la ley se deduce "sin lugar a dudas" el riesgo que entraña "el control político sobre decisiones judiciales". Y recalca que "la priorización de los objetivos políticos sobre el cumplimiento de las normas jurídico-penales es una intromisión ilegítima en la independencia judicial y en la seguridad jurídica que socava los valores esenciales de cualquier Estado de la Unión".
Una celeridad "innecesaria"
La formación se queja de que el presidente del TC no les ha remitido la documentación solicitada (el informe presentado por los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo) para valorar la petición de la prejudicial que ahora impulsan. Y a la vista de que tampoco se ha suspendido la tramitación del recurso, el PP ha decidido no esperar más ante la evidencia de que el TC "aparentemente podría pretender celebrar en el mes de junio la deliberación del recurso de inconstitucionalidad". Una "celeridad" que considera "tan manifiesta como innecesaria" que podría convertir en inútil la espera hasta la "recepción de dicha documentación".
Según expone, a tenor de la jurisprudencia del TJUE (casos Cilfit, Kubera y Consorcio) el Constitucional tiene el "deber" de plantear esa cuestión prejudicial al tratarse de un "órgano de última instancia" (cuyas resoluciones no son objeto de recurso) salvo que no la considere pertinente o entienda que esa duda sobre la adecuación al derecho comunitario ya ha sido resuelta por la Justicia europea.
A este respecto deja claro que Luxemburgo "no se ha pronunciado nunca sobre los límites del Derecho de la Unión a los estados miembros en la regulación de amnistías" que puedan contravenir "valores esenciales" comunitarios como "el Estado de Derecho, el principio de igualdad o el principio de independencia judicial".
El PP recuerda además que al TJUE han llegado ya cuatro cuestiones prejudiciales sobre la Ley de Amnistía (del Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y el Juzgado de lo Penal de Vilanova i la Geltrú), que plantean la posible incompatibilidad de la norma con la cláusula de Estado de Derecho, la regulación europea en materia de terrorismo y malversación, las cláusulas de protección de los intereses financieros de la Unión y los principios de igualdad, separación de poderes e independencia judicial, así como el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en el territorio de la UE.
"Inexcusable obligación" de acudir al TJUE
Y en referencia a esas dudas planteadas a Luxemburgo, señala que no puede afirmarse "que la interpretación correcta del Derecho de la Unión se imponga con tal evidecia que no deja lugar a ninguna duda razonable". Todo ello, subraya, conduce a la "inexcusable obligación" del TC de acudir al TJUE ante la constatación de "dudas más que razonables sobre la compatibilidad de algunos preceptos" de la ley con el Derecho de la Unión Europea.
Y es que, pone de relieve, todas las cuestiones planteadas "podrían tener incidencia en la respuesta que haya que darse a los recursos y a las cuestiones de inconstitucionalidad" pendientes de resolver.
El PP discrepa de la opinión de Conde-Pumpido de que el control "abstracto" que debe realizar el TC es independiente de la actuación de otros tribunales e insiste en que la jurisprudencia del TJUE "rechaza dicho argumento con contundencia"
Los recurrentes exponen que "las dudas de compatibilidad de la integridad de esta norma con los valores esenciales del Estado de Derecho son muchas, enunciadas con claridad en nuestro recurso". Dudas que derivan, afirman, "de su radical contravención de valores inherentes a dicho principio como el sometimiento del poder político al ordenamiento jurídico" o el ofrecimiento de impunidad a líderes políticos "como pago por los votos anticipados para obtener una investidura".
"Intervención activa" de los amnistiados
"¿Existe, acaso un mayor atentado imaginable a la imprescindible percepción por la ciudadanía, inherente al artículo 2 del Tratado de la UE, de que en España el poder político está sometido a la Constitución y al Derecho?", se pregunta el PP, para el que resulta "evidente que no", motivo por el cual es obligado acudir al TJUE.
Para los populares es clara la incompatibilidad de la Ley de Amnistía "con las disposiciones comunitarias que consagran los principios de igualdad y no discriminación" por el hecho de que en la tramitación y posterior aprobación de la norma se produjo la "intervención activa" de formaciones políticas cuyos dirigentes "podrían resultar beneficiarios de forma directa" por la Ley de Amnistía. Algo que entiende que vulnera el principio de separación de poderes y de legalidad, así como la prohibición del abuso de derecho.
El PP también cuestiona que la amnistía ampare delitos de terrorismo (cuando no hayan causado graves violaciones de derechos humanos), lo que considera que vulnera la normativa comunitaria al respecto.
Del mismo modo, plantea las dudas sobre la adecuación de la norma a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la persecución del delito de malversación como expresión de la corrupción política.