Residuos sólidos municipales: una crisis en busca de solución
Los servicios de disposición y tratamiento de residuos sólidos municipales (RSM) están en franca crisis, sobre todo en la GAM, donde los rellenos sanitarios llegaron o están llegando al final de su vida útil. Es por eso que las empresas que recogen y disponen esos residuos están transportando volúmenes cada vez mayores a sitios como Miramar o Limón.
Mientras tanto, las comunidades se oponen a la creación de rellenos en sus cercanías. Es claro que ya no son una opción. Pero aunque no fuera así, no hay que olvidar que se trata de una tecnología que acelera el calentamiento global y perjudica los ecosistemas, la calidad del agua superficial y subterránea y la salud humana. Como si fuera poco, los rellenos sanitarios reducen el valor y la disponibilidad de la tierra en sus entornos.
Desde hace décadas, en los países desarrollados se han implantado dos soluciones alternativas a los rellenos sanitarios, las cuales han resultado exitosas: los procesos de reciclaje y compostaje a gran escala, y las plantas de generación de energía que usan los RSM como insumo. Son soluciones complementarias que, además, se refuerzan mutuamente.
En el mundo, conviven actualmente varias tecnologías para la generación de electricidad a partir de RSM. Las más extendidas son las de incineración; sus versiones más avanzadas permiten cumplir sobradamente con las normas técnicas sobre emisión de partículas nocivas. Otras tecnologías son las de plasma, pirólisis y biodigestión. Además, están emergiendo las de producción de combustibles líquidos a partir de RSM.
En la última década, ha habido esfuerzos por desarrollar proyectos de generación de energía con RSM en la GAM. Todos fracasaron. Ha hecho falta una estrategia estatal clara en la que participen varios actores: las municipalidades, las empresas distribuidoras de electricidad, el Ministerio de Salud, el Minae y la Aresep.
Una primera fase de esta estrategia debería ser la creación de un marco normativo adecuado para los proyectos mencionados. Se requiere, por ejemplo, de un buen modelo de regulación de precios de electricidad generada con RSM. El actual tiene problemas conceptuales serios y es un obstáculo para el éxito de esos proyectos.
Es preciso también que el ICE u otras empresas del sector energía ofrezcan comprar electricidad generada con RSM, y que abran licitaciones bien diseñadas con ese propósito. Es energía de gran calidad, que se ubica en la base de la matriz eléctrica nacional, con factores de planta superiores al 90%.
Las municipalidades, por su parte, tendrían que establecer esquemas conjuntos para asegurar el volumen mínimo requerido para que una planta de ese tipo sea rentable, el cual ronda las 1.000 toneladas diarias de RSM.
El diseño de tal estrategia tendría que afrontar importantes retos legales, organizativos y técnicos. Pero podría emprenderse con éxito bajo un adecuado liderazgo del Ejecutivo. En gobiernos anteriores, ese liderazgo estuvo ausente. El actual no se ha distinguido de los anteriores en ese sentido. Una revisión de la Política Integral para la Gestión Integral de Residuos 2023-2033 lleva a notar que ahí no hay ninguna estrategia con el potencial de darles salida a las necesidades del país en materia de RSM.
La incapacidad estatal para dar solución de fondo al tratamiento de RSM no parece estar en las limitaciones organizativas de las entidades involucradas. Eso es algo bueno, porque en otras áreas del quehacer estatal, los impedimentos mayores están en la insuficiencia de músculo organizativo.
Lo que se requiere es una estrategia que aproveche los logros de los países más avanzados en este campo, realice algunos cambios normativos no legales, y configure una plataforma de acción institucional conjunta. Los errores del pasado pueden ser valiosos para extraer lecciones con tal fin.
¿Y el liderazgo gubernamental necesario? Ese ha sido el componente más difícil de concretar. No tendría que ser así si desde el nivel superior del Poder Ejecutivo emanara una vocación de servicio genuina, y la voluntad férrea de trabajar por el bien común.
Todo parece indicar que el período de gobierno 2022-2026 se caracterizará por la renuncia del Ejecutivo a resolver el problema de los RSM y por su agravamiento acelerado. Mantengamos la esperanza de que, en el futuro gobierno, las acciones en este campo estén a la altura de los retos.
Guillermo Monge Guevara es ingeniero civil y politólogo.