37 horas y media, así no

Una vez más, todos están pendientes de Junts per Catalunya. Ahora la cuestión es la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media, tal y como pretende la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz. Y una vez más, toda la presión recae sobre el voto de los siete diputados de Junts. Como pasa siempre, la estrategia se basa en discursos sobre si somos de derechas o muy de derechas. Primero nos acusan, o incluso nos insultan algunos de los promotores, y después nos piden responsabilidad y sensibilidad social. Tal vez, si invirtieran el orden les iría mejor. En todo caso, la posición de Junts no va de todo esto.

No deja de resultar extraño que no acaben de entender o aceptar que la política de Junts no se ubicará nunca en este eje ideológico. En primer lugar, porque nos coloca en uno de los bandos dentro de la escaramuza en la que hoy en día se ha convertido la política española. Como siempre decimos, nuestro bando es y será sólo el de Catalunya. En segundo lugar, y no menos importante, porque las cosas en general necesitan abordajes un poco más matizados. Y cuando, como es el caso del debate sobre la reducción horaria, afecta a intereses diversos, es necesario afrontarlo con una incombustible voluntad negociadora. Porque, si no es así, el resultado será la imposición de unos intereses en detrimento de otros. Mal asunto cuando hablamos de las cosas del comer, coloquialmente hablando.

La legitimidad e incluso la buena intención de las partes se reconoce. Los sindicatos defienden históricamente la reducción de la jornada, mal consejo sería que les pidiéramos que no lo hicieran. Y las patronales, en justa reciprocidad, se defienden desde los costes laborales, la productividad y la viabilidad de los proyectos empresariales, en especial los de las pequeñas y medianas empresas. Por eso sorprende cómo de torpe ha sido el Gobierno Sánchez y en especial la vicepresidenta Díaz en la gestión de esta cuestión tan compleja. Más que una propuesta seria, han convertido las 37 horas y media en un lema de campaña.

Si el objetivo era avanzar en la línea de reducir la jornada se tendría que haber hecho integrando al máximo todas las perspectivas y no pervirtiendo el debate, convirtiéndolo en un combate entre vencedores y vencidos, entre antagónicos, que no lo son tanto, por suerte.

Los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva. Por eso es aún más difícil de entender que en un caso tan trascendente no pueda ocurrir lo mismo. Desde Junts per Catalunya no nos lo creemos y por eso reclamamos volver al diálogo social y continuar negociando, que se les ayude a sentarse y que no se muevan hasta que no lleguen a un acuerdo.

Dicho esto, que nadie entienda esta exigencia como una manera de escurrir el bulto. Nosotros no practicamos esta política. Al contrario, lo que estamos diciendo es que no es buena opción imponer ideológicamente las 37 horas y media porque comportará serias consecuencias, algunas en el terreno económico. Su impacto en sectores como el de servicios o el agroalimentario puede ser especialmente perjudicial para la ocupación y pone en riesgo el mantenimiento de muchísimas pequeñas y medianas empresas y Catalunya es un país de pymes. El 68% de la ocupación en Catalunya la generan las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial catalán.

Por otro lado, la propuesta incrementa los costos laborales de las empresas, sin que este incremento repercuta en una mejora salarial efectiva para los trabajadores, que es lo que, estamos convencidos, querrían por encima de la reducción de la jornada. ¿O cómo queda la revisión de los precios, o sus efectos para los servicios contratados a pequeñas empresas o incluso a entidades del tercer sector al incrementar los costes por tener que necesitar más personal para el mismo servicio contratado?

Por si todo esto no fuera poco, hay otros impactos, menos evidentes pero igualmente nocivos. Dar por buena la imposición de parte, en este caso gubernamental, de una medida como esta no hace más que debilitar la herramienta del diálogo y la concertación social y abre la puerta a que otros gobiernos puedan, legítimamente, deshacer el camino. Mala inversión esta. Si queremos que las reformas perduren, y no pase como en el caso de las leyes de educación, es necesario buscar un acuerdo y el consenso como única garantía para su aplicación real y eficaz.

Pero la política española está amarada de un frontismo y un tacticismo que no nos permite ser muy optimistas. Avisamos que difícilmente podremos dar apoyo. Y no porque estemos políticamente en contra, sino porque, si depende de nuestros votos, no se aprobarán medidas de parte que pongan en riesgo la ocupación de calidad. No pondremos nunca en riesgo la pequeña y mediana empresa ni avalaremos debates que, por su enfoque táctico, no abordan los verdaderos retos del mundo del trabajo y la empresa, que no son otros que la creación de ocupación estable y de calidad en una economía en plena transformación, el incremento salarial, el aumento de la productividad, la modernización de las empresas y la protección de los emprendedores.

Estos retos tienen, además, una declinación catalana evidente y grave. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya pierden poder adquisitivo porque el salario mínimo en España no contempla las diferencias territoriales del precio de la vida. Abramos este debate con coraje y abordemos este agravio que penaliza a los catalanes. Abrámoslo también desde la perspectiva de su impacto sobre la actualización según el IPC catalán de los salarios y, por tanto, de las pensiones. Y abramos al mismo tiempo el debate sobre la desproporcionada presión fiscal que al mismo tiempo sufren las pequeñas y medianas empresas en Catalunya.

Estos son los debates que Junts quiere impulsar porque son los que realmente importan y afectan a los ciudadanos de nuestro país. No nos busquen en uno de los bandos porque nuestro bando es Catalunya. Aquí nos encontraran siempre.