América Latina, Palestina y el genocidio en Gaza, por Manuel Rodríguez Cuadros
En Gaza, cada día, cada hora, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los principios de Naciones Unidas son destrozados y vulnerados en los cuerpos inertes de la población civil asesinada, en los rostros de los niños y niñas también asesinados o al borde de la muerte por el hambre, en las familias destrozadas, en la dignidad envilecida por el desprecio, la exclusión y la muerte.
Más de 54,000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. La totalidad de la población de Gaza, aproximadamente 2,3 millones de personas, enfrenta niveles severos de inseguridad alimentaria. Según el último informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), el 93% de la población está en situación de crisis o peor, y alrededor de 470,000 personas (22%) se encuentran en fase 5 (catástrofe), lo que implica un riesgo inminente de hambruna.
La ONU ha denunciado que Israel sigue impidiendo la distribución de ayuda humanitaria, bloqueando el acceso a casi 600 camiones que han sido descargados en el cruce de Kerem Shalom. La desesperación ha llevado a incidentes trágicos, como el asalto de personas hambrientas a un almacén de alimentos en Deir al-Balah, donde murieron al menos cuatro personas.
La tardía iniciativa norteamericana de un nuevo cese al fuego temporal y las amenazas de Emmanuel Macron de endurecer su posición, así como la suspensión inglesa de negociaciones comerciales con Israel, son insuficientes. La realidad es que el genocidio en Gaza asocial a Israel con los Estados Unidos y la Unión Europea.
América Latina, más allá de la pluralidad política de sus gobiernos, su nula capacidad de concertación y sus “antagonismos ideológicos”, está dando una respuesta coherente con su historia republicana, con su tradición de respeto al derecho internacional y con los valores ya no de la democracia – atribulada democracia en la región – sino con los que sustentan la convivencia humana, de los Estados, las naciones y los pueblos.
Mientras Estados Unidos y la mayoría de países de la OTAN respaldan el accionar de Israel, la gran mayoría de los Estados latinoamericanos – sin concertación, solo por coincidencia y concurrencia de sus unilaterales diplomacias nacionales – han asumido una postura crítica, apegada al respeto de los derechos humanos, al derecho internacional y al principio de autodeterminación del pueblo palestino.
Más allá de las diferencias o abismos políticos entre gobiernos como el de Dina Boluarte y Gustavo Petro, o de Bukele y Lula, con la excepción de Argentina, Guatemala y Paraguay, América Latina y el Caribe ejercen una posición que – con matices y énfasis diferenciados – condena la acción devastadora del ejército israelí, demanda un cese del fuego total, exige el cese de los asesinatos de la población civil, denuncia el uso del hambre y el sufrimiento humano como arma de guerra y las violaciones sistemáticas al derecho humanitario.
Estas coincidencias se refuerzan en lo propositivo con el planteamiento firme de una solución histórica y permanente del conflicto, a través de la solución de dos Estados (Israel y Palestina), en igualdad de condiciones, con fronteras seguras y viabilidad económica, social y nacional.
Desde el inicio del conflicto hasta la actualidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2025, la Asamblea General de la ONU ha aprobado seis resoluciones sobre la guerra en Gaza. Estas resoluciones se refieren a la libre determinación del pueblo palestino, su reconocimiento como Estado independiente, su ingreso como miembro pleno de las Naciones Unidas, la ilegalidad de la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania, la condena de los asesinatos y la violencia indiscriminada contra la población civil, el acceso humanitario, la liberación de los rehenes, el respeto al derecho humanitario y el cese al fuego.
La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe las han votado a favor. Países como Argentina, Guatemala y Paraguay mantuvieron posturas alineadas con Israel. Votaron algunas resoluciones en contra. Uruguay, Panamá y República Dominicana votaron a favor de la mayoría de las resoluciones y se abstuvieron en otras en función de sus propios intereses. El 78.1% de las resoluciones fueron votadas a favor por los países de la región. La abstención se ejerció en el 15.4% y se registró solo un 5.7% de votos en contra.
Este patrón de votación es antagónico con el de los Estados Unidos, que votaron todas las resoluciones en contra. Una relación de suma cero. Con Europa, la divergencia es también sustantiva, pero ostensiblemente menos marcada. El voto a favor europeo fue del 45%, en contra 20% y 35% de abstenciones. Sin embargo, el voto en contra fue en las principales resoluciones. Hay una divergencia cualitativa muy importante. En relación a China y Rusia, no es un dato a soslayar que, obviamente, la convergencia con América Latina es muy sustantiva.
Más allá del denominador común de las posiciones ejercidas en las Naciones Unidas, los países de la región aplican políticas exteriores diferenciadas de respaldo a la causa palestina. De respaldo a la presión internacional, principalmente, para que cese la violencia indiscriminada, se detengan los desplazamientos forzados, se ponga fin al conflicto y terminen las acciones militares que contravienen los principios básicos del derecho humanitario y los valores inherentes a la dignidad y la condición humana.
Colombia, Nicaragua, Belice, Bolivia, Venezuela y Cuba han roto relaciones con Israel. Chile, Brasil y Honduras han llamado a sus embajadores en consulta. El presidente Boric, en protesta por la tragedia humanitaria que la nueva ofensiva militar israelí está produciendo en Gaza, acaba de retirar a sus agregados militares de la embajada en Tel Aviv.
De manera convergente y en la enorme preocupación que suscita en el mundo la comprobación jurídica de la existencia de acciones genocidas en el campo de batalla, Colombia, Chile, Cuba, México, Bolivia y Nicaragua han registrado en la Corte Internacional de Justicia sus declaraciones de intervención en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel, en el caso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
Estas adhesiones consolidan el compromiso de la región con el sistema multilateral de justicia internacional y refuerzan la autoridad de la CIJ como instancia legítima para resolver controversias en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.
La autonomía política de América Latina frente al conflicto en Gaza puede explicarse por varios factores, entre ellos, la encarnación de los intereses nacionales de los países en la defensa de principios y normas que hacen a su propia identidad y existencia como Estados, como la no intervención, la integridad territorial, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias. El otro factor determinante: el actual sistema internacional unipolar de correlación de fuerzas no se funda en zonas de influencia, y ello admite espacios para el ejercicio de políticas exteriores independientes.