La Seguridad Social plantea ampliar el papel de las mutuas en las altas médicas pero estas alertan del riesgo de colapso si no se refuerzan los recursos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado su primera propuesta formal para introducir las altas médicas progresivas, un mecanismo que busca facilitar la reincorporación gradual (durante 30 días a media jornada y cobrando el 50% de la prestación) de los trabajadores tras una baja superior a 180 días por determinadas patologías, aún por concretar. El borrador incluye, además, una de las demanda de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social: poder participar en mayor medida en las altas médicas.
En concreto, la Seguridad Social ha propuesto que las mutuas puedan elevar una propuesta de alta para iniciar un expediente de incapacidad permanente (IP) en los procesos por contingencias comunes (enfermedad común) cuando duren menos de 365 días y tanto para contingencias comunes como contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) en caso de bajas de más de 365 días. Además, en este último caso de contingencia profesional, las mutuas podrán emitir altas por curación o mejoría (como hacen durante el primer año de baja), otra novedad.
Desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) insisten en que las mutuas son las solución al cuello de botella de las bajas médicas y valoran positivamente esta apertura, pero advierten de que la propuesta del Gobierno se queda corta. Según la Asociación, sin un refuerzo inmediato en los efectivos de la Seguridad Social, especialmente en los equipos encargados de evaluar los expedientes, se agravaría el colapso actual.
Además, AMAT recuerda que su participación puede agilizar la gestión de las incapacidades permanentes, pero que sin capacidad para emitir altas en contingencias comunes, el impacto seguirá siendo limitado. Por ello, reclama prestar asistencia integral a los trabajadores en patologías traumatológicas de contingencia común, y poder dar el alta, al igual que ya lo hacen con las contingencias profesionales. Eso sí, cuando el trabajador no esté conforme, que pueda recurrir a la inspección médica de los servicios públicos.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que una mayor implicación de las mutuas aliviará la sobrecarga que sufre la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Para evitar un colapso mayor, el borrador también contempla la creación de “equipos de valoración de incapacidades centralizados”, que recibirán expedientes de todo el país con informes médicos unificados, con el objetivo de homogeneizar criterios y acelerar resoluciones. El debate queda ahora en manos de los agentes sociales, que deberán analizar el alcance de esta propuesta y su viabilidad práctica.