Congreso aprueba ‘Ley Chlimper 2.0′ que otorga regalos tributarios para grandes agroexportadoras

Luego de intentos frustrados, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso lograron aprobar, en primera votación, la ley que otorga una serie de beneficios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras. En total, fueron apenas 43 votos a favor los que dieron luz verde a esta medida que tendría un alto perjuicio fiscal.

Y es que, según un análisis del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la "Ley Chlimper 2.0" generaría una pérdida para las arcas públicas estimada en S/1.850 millones cada año, y de aproximadamente, S/20.000 millones entre 2025 y 2035. Si bien Eduardo Castillo argumentó un consenso con las organizaciones agrarias, lo cierto es que no ha sido así. En más de una oportunidad, Conveagro y otros gremios se han pronunciado en contra de esta norma.

Al cierre de esta edición, la parlamentaria Ruth Luque presentó una reconsideración de la votación que dio luz verde a esta nueva Ley Agraria. Vale mencionar que la última versión del texto sustitutorio fue subido a la página web del Congreso a las 5:41 p.m. Es decir, en pleno debate parlamentario.

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Exoneraciones tributarias

Desde el inicio de la discusión, congresistas como Carlos Zeballos y Jaime Quito denunciaron que la propuesta de Fuerza Popular favorece al sector agroexportador a través de beneficios tributarios como la reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15%, créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

"Se pretende utilizar a los pequeños y medianos productores agrarios. Si queremos ayudarlos, tenemos que darles acceso a tecnología y financiamiento. Lo que no señaló el presidente de la Comisión Agraria es que hay otros artículos donde se fija que las empresas gozarán de la reducción del impuesto a la renta. Este proyecto debe ir al archivo porque va en contra de los trabajadores y la agricultura de nuestro país", aseveró.

Otra de las críticas más visibles es el debilitamiento de la capacidad de fiscalización laboral de Sunafil que priorizará zonas, áreas y empresas informales. Esto tendría implicancias en las condiciones de los trabajadores, teniendo en cuenta que es un sector que se caracteriza por el desempleo, los despidos arbitrarios y la baja tasa de sindicalización.

Si bien sus promotores, que van desde gremios empresariales hasta congresistas, arguyen que la propuesta legislativa dinamizará las inversiones, fomentará el empleo e impulsará la competitividad del agro peruano, lo cierto es que sus implicancias fiscales serán altas. Lo que dejaría de recaudar el Estado sería alrededor de S/1.850 millones al año. Es decir, unos S/20.000 millones en la década de vigencia propuesta. 

Las empresas que sacarían ventaja de estos privilegios serían Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Agrovisión Perú, entre otras que figuran en un informe del MEF bajo la gestión de José Arista. Todas estas compañías ya vienen gozando de los alcances de la Ley N° 31110 y son las que concentran más exportaciones.

Además de estas grandes agroexportadoras, se encuentran empresas de palma aceitera, del sector vitivinícola y de producción de pisco como Queirolo y Tabernero, pese a que tienen un alto nivel de desarrollo en el mercado. Por ejemplo, Santiago Queirolo S.A.C. abarca más de un tercio (35,2%) del mercado vitivinícola, mientras que Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. le sigue con un 13,2% del sector.

"El sector agroexportador es uno de los que más ha crecido en los últimos años. No obstante, ello no se ha traducido en mejores condiciones laborales para los trabajadores del campo, quienes han visto reducidas sus remuneraciones en 30% en lo que se refiere a su poder adquisitivo en los últimos años. Ahora, el Congreso quiere restaurar beneficios tributarios que daba la Ley Chlimper, lo cual generaría un costo de S/2.000 millones al año", dijo anteriormente a este medio el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.