Corte Suprema de EU bloquea la demanda de México contra fabricantes de armas
La Corte Suprema bloqueó este jueves una demanda de 10.000 millones de dólares que México presentó contra los principales fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos acusándolas de fomentar la violencia de los cárteles.
El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en delitos.
Fabricantes de renombre como Smith & Wesson habían apelado a los jueces después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley.
México había pedido a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas.
El caso comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
México tiene leyes estrictas sobre armas y solo cuenta con una tienda donde las personas pueden comprar armas de fuego legalmente. Sin embargo, miles de armas son introducidas de contrabando por los poderosos cárteles de drogas del país cada año.
El gobierno mexicano afirma que al menos el 70 por ciento de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.
Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que la demanda del país no demuestra en absoluto que sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.
Un juez federal desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió. El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos en Boston determinó que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.
Esa excepción ha surgido en otros casos, incluidos en demandas derivadas de tiroteos masivos.
Las familias de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por ejemplo, argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas había violado la ley estatal en la comercialización del rifle AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 niños y seis educadores.
Las familias finalmente aseguraron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle.