Pedro Sánchez acude hoy a la Conferencia de Presidentes en Barcelona en un momento de extrema debilidad política e institucional. No lo hace para construir, sino para distraer. El presidente del Gobierno –que ha vaciado de contenido este foro multilateral desde que el PP pasó a controlar la mayoría de las comunidades autónomas– llega tocado por el último escándalo que salpica a su círculo más próximo: la escandalosa trama de Leire Díez y el empresario Pérez Dolset contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amenaza con erosionar a su secretario de Organización y hombre de confianza, Santos Cerdán. En lugar de afrontar con seriedad los desafíos que tiene España –que son muchos, graves y urgentes–, Sánchez ha decidido utilizar la conferencia para una puesta en escena en torno a un supuesto «pacto de vivienda» que se ha sacado de la manga tan sólo 48 horas antes de la reunión. Lo que podría haber sido una ocasión para alcanzar un consenso técnico e institucional en torno a un asunto acuciante se ha convertido en un escenario donde un presidente oportunista busca obligar a las comunidades autónomas a alinearse con su estrategia en vez de cooperar desde la autonomía y el respeto institucional. Un pacto en torno a la vivienda requiere mucho más trabajo técnico y de preparación que el que ha realizado el Ejecutivo, más centrado en la propaganda y en contentar a sus socios más radicales. La vivienda es un problema que se ha visto agravado por las políticas de Sánchez. Las medidas de La Moncloa no han hecho sino reducir la oferta de alquiler, penalizar la inversión y generar inseguridad jurídica. Los presidentes autonómicos del PP llegan con una propuesta: le pedirán que si quiere empezar a arreglar las cosas derogue la ley antidesahucios que consideran que abre las puertas a la okupación ilegal. Además de la vivienda, los barones del PP quieren tratar otros siete temas relacionados con sanidad, infraestructuras energéticas y ferroviarias, y financiación autonómica. El Gobierno ha dicho que no hay tiempo suficiente para tratar todos estos asuntos, excusa que los ciudadanos no acaban de entender: si necesitan más tiempo para hacer su trabajo, que prolonguen las reuniones lo que sea necesario. A nadie se oculta que el Gobierno no quiere abordar –y menos en Barcelona– la cuestión de la financiación autonómica, donde el PP se opone a la quita de la deuda autonómica y a la financiación singular que Sánchez quiere darle a la Generalitat. El presidente también llega a la defensiva en el tema de los menores extranjeros no acompañados. El Tribunal Supremo le ha advertido ya por tercera vez que el Estado no puede mirar hacia otro lado ni delegar indefinidamente esta responsabilidad en las comunidades autónomas sobre los menores que han solicitado asilo en Canarias. La protección de estos menores es una competencia estatal, y el Alto Tribunal ha recordado a Sánchez lo que su Ejecutivo parece olvidar con frecuencia: que el Gobierno debe gobernar. Frente a la dilación, el victimismo y la falta de proyecto –Sánchez llega, además, sin unas cuentas públicas aprobadas en esta legislatura– las comunidades del PP han mostrado lealtad institucional al acudir a la cita, pese a la improvisación y al uso partidista, conscientes de que su deber es representar a los ciudadanos que gobiernan. Sánchez no puede seguir utilizando las instituciones como instrumentos de su supervivencia política. La Conferencia de Presidentes no es un plató ni un comité federal: es un órgano de cooperación territorial que exige seriedad, respeto y voluntad de acuerdo real.
