Urge más apoyo a fiscales
En un operativo eficaz, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó la orden judicial de captura contra nuevos integrantes de la banda de extorsionadores liderada por el criminal conocido como “Monstruo”.
Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal Edwin Velásquez Velasco, de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, quien dirige la investigación.
Entre los detenidos se encuentran piezas clave en las redes de extorsión y sicariato que han segado la vida de múltiples ciudadanos, especialmente transportistas y pequeños empresarios.
Uno de los hechos más alarmantes de esta operación es la detención del suboficial PNP Georgi Araujo Alba, quien, en una flagrante traición a su deber institucional, habría puesto su cargo y acceso a recursos al servicio del “Monstruo”, uno de los cabecillas criminales más peligrosos de la última década.
Araujo Alba, asignado al área de armería de la Unidad de Servicios Especiales de Asalto de la Séptima Región Policial de Lima, facilitó —según las pesquisas fiscales— el acceso de la organización delictiva a armas oficiales que terminaron en manos de sicarios. Estas fueron utilizadas para ejecutar asesinatos por encargo contra ciudadanos indefensos.
Este caso revela no solo la urgente necesidad de depurar a fondo las filas de la Policía Nacional, sino también la gravedad institucional de contar con malos agentes que, bajo el amparo de su investidura, colaboran con el crimen organizado y socavan el mandato constitucional de garantizar la seguridad interna del país.
Pero este importante golpe al crimen no ha sido resultado de estados de emergencia ni de la militarización de las calles, sino del trabajo paciente, estructurado y estratégico de inteligencia criminal. El mérito radica en la labor de la Fiscalía, que no solo solicitó las órdenes de detención al Poder Judicial, sino que reclutó al agente especial conocido como “Titi”, un exmiembro de “Los Injertos del Norte”, quien desde enero ha proporcionado información clave sobre la estructura y operaciones de la organización criminal.
Este caso es un ejemplo de cómo debe enfrentarse la delincuencia organizada: con inteligencia, rigor judicial y una estrategia integral de investigación criminal. Solo así se podrá detener, capturar y sentenciar a quienes incluso desde dentro del Estado traicionan a la patria.
Es imperativo que la PNP y el Estado reconozcan este caso como un punto de quiebre. No puede haber más tolerancia hacia los infiltrados en las fuerzas del orden. El gobierno y sus aliados en el Congreso deben abandonar de una vez por todas las medidas populistas, ineficaces y superficiales que no solo fracasan en combatir el crimen, sino que lo perpetúan.