Cancillería cuestiona a Estados Unidos por sancionar a juezas de la CPI y denuncia presiones sobre la justicia internacional
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “preocupación” y lamentó las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI), incluida la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
Las otras tres juezas sancionadas por el Departamento de Estado son Solomy Balungi Bossa (Uganda), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Las sanciones, que incluyen congelamiento de activos y prohibición de ingreso a territorio estadounidense tanto de ellas como de sus familiares y restricción para que ciudadanos o entidades estadounidenses interactúen con sus activos o servicios responden a su rol en investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y por autoridades israelíes en Gaza.
"El Perú reitera su firme compromiso con la independencia de las instituciones judiciales internacionales, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a cualquier forma de presión o injerencia que busque condicionar su funcionamiento", se lee en alusión directa a la decisión del gobierno de Joe Biden. Además. la Cancillería subrayó que las juezas fueron elegidas para ejercer su mandato con independencia e imparcialidad, conforme al artículo 40 del Estatuto de Roma.
La jueza Luz Ibáñez Carranza, reconocida jurista peruana con trayectoria en justicia transicional y derechos humanos, integra la CPI desde 2018 y ha sido vicepresidenta del tribunal. Su inclusión en la lista de sancionadas por EE. UU. ha sido interpretada por sectores diplomáticos y jurídicos como un ataque a la independencia de la justicia internacional.
Magistrada peruana es una de las sancionadas por Estados Unidos
En tanto, Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus ciudadanos, justificó las sanciones y alegaron que las investigaciones carecen de legitimidad y representan una amenaza a su soberanía y a la de sus aliados, como Israel.
La Cancillería recordó que el Perú ha brindado "apoyo permanente a la Corte Penal Internacional". Asimismo, remarcó que el país mantiene una posición firme en defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los principios del orden jurídico global.