Redes sociales: del ágora digital al escenario del chantaje y la difamación
En la República Dominicana, las redes sociales han evolucionado de ser plataformas de interacción a convertirse en herramientas para la difamación y la extorsión. En las últimas semanas se ha generado una indignación generalizada por la proliferación de campañas de descrédito y chantaje a través de plataformas digitales.
El arresto de Ángel Martínez, quien se mostraba desafiante y que se burlaba de sus víctimas mientras llegaba a Puerto Plata en un crucero pensando que burlaría las órdenes de arresto en su contra por ignorar desde Estados Unidos las múltiples citaciones de los tribunales dominicanos, desencadenó una ola de indignación generalizada e interposición de demanda.
Uno de los casos más destacados sonbre el uso de redes y medios digitales para difamación, injuria y chantaje es el de varios periodistas dominicanos, entre ellos Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, quienes fueron acusados falsamente en redes sociales de recibir pagos mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La especie fue difundida originalmente por Juan Aníbal Arrendel, un periodista que trabajó fundamentalmente en instituciones públicas dominicanas, pero que terminó emigrando a Estados Unidos, desde donde utiliza sus redes sociales para lanzar comentarios ofensivos contra quienes, a su juicio, no están alineados con sus preferencias.
Elaboró un listado de periodistas y difundió supuestos salarios que recibían de la USAID, pero luego admitió que se trataba de una invensión. Para entonces, ya el daño estaba hecho. Los periodistas afectados tienen en común que mantuvieron posturas críticas frente a los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, en los que Arrendel se desempeñó como empleado público.
Esa publicación fue utilizada por otros comentaristas y supuestos influencers de redes sociales para lanzar imputaciones contra Zapete, Febles, Salazar y Álvarez. Tras Arredner admitir la falsedad de la información en cuestión, los afectados decidieron someter por difamación e injuria a Arrendel Núñez y a un grupo de comunicadores que se hicieron eco de su falsa denuncia y la utilizaron para formular ácidas críticas y señalamientos.
El «Detective» descubierto
Otro caso relevante es el de Ángel Martínez, conocido como «El Detective», quien fue arrestado en Puerto Plata y enfrenta múltiples querellas por difamación, extorsión, estafa y lavado de activos. Martínez, que se presentaba como investigador de agencias internacionales, ha sido acusado de utilizar sus plataformas digitales para difamar y extorsionar a diversas figuras públicas, incluyendo a la ministra Faride Raful, quien presentó una querella en su contra por difamación digital, exigiendo una indemnización de RD$50 millones a cada uno por daños morales.
Contra Ángel Martínez se han acumulado decenas de demandas, incluyendo por extorsión, y su historial podría extenderse a Estados Unidos por hacerse pasar como agente federal de varias entidades norteamericanas, como la DEA y el FBI.
Precisamente, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos declaró oficialmente que Martínez nunca ha trabajado con la DEA ni con ninguna otra dependencia del Departamento de Justicia, lo que lo coloca en riesgo de ser procesado en ese país por violar las leyes que castigan hacerse pasar por agente federal, con penas que incluyen multas y/o hasta tres años de prisión.
La ministra Raful también incluyó en su demanda a Ingrid Jorge, alegando que ambos utilizaron canales de YouTube para divulgar lo que Faride califica como aifrmaciones injuriosas y difamatorias.
El diputado Sergio Moya, conocido como «Gory», también se querelló por difamación en redes sociales. Presentó una demanda por presunta difamación e injuria contra la comunicadora Claudina Pérez, alias «La Tora», quien fue declarada en rebeldía por no comparecer a la audiencia y fue posteriormente arrestada.
Impacto en figuras privadas y empresariales.
El fenómeno no se limita a figuras públicas. Empresarios y ciudadanos privados también han sido blanco de difamación y extorsión en medios digitales. Por ejemplo, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte presentó una querella penal contra Ángel Martínez por presunta extorsión, chantaje y difamación pública, alegando que el comunicador utilizó medios digitales para atacar su imagen.
Asimismo, el periodista Vargavila Riverón demandó a Martínez por haberlo vinculado con «sectores oscuros del bajo mundo» y sugerir que era defensor de capos o empleado de narcotraficantes, solicitando una compensación de RD$10 millones por daños a su imagen y credibilidad profesional.
La Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tipifica como delitos la difamación e injuria cometidas por medios electrónicos, estableciendo penas de tres meses a un año de prisión y multas que pueden ascender a quinientas veces el salario mínimo. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta ley enfrenta desafíos, como la identificación de los autores de las publicaciones difamatorias y la jurisdicción sobre contenidos difundidos en plataformas internacionales.
En los casos antes mencionados, se ha facilitado la identificación de los responsables porque han hecho las imputaciones desde sus cuentas personales o a través de canales de YouTube.
Otra figura que ha recibido múltiples demandas por difamación y que ahora está siendo investigada por lavado de activos, sabotaje al sistema de semáforos y corrupción es Aquiles Jiménez.
El Ministerio Público de la República Dominicana ejecutó el pasado viernes allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Punta Cana, como parte de la denominada «Operación Camaleón», una investigación que busca desmantelar una presunta red de corrupción vinculada al contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Jiménez fue condenado en 2022 a prisión y al pago de una compensación por difamación, tras una campaña de descrédito contra Carlos Bonilla, titular del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). También está incluido en la demanda interpuesta por Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.
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