Muy malas noticias para inmigrantes en Texas: tribunal federal bloquea ley que beneficiaba a indocumentados en el estado de EEUU
Un juez federal ha emitido un fallo histórico que bloquea de manera permanente una ley estatal en Texas, la cual permitía a los inmigrantes indocumentados pagar tarifas de matrícula mucho más bajas en universidades públicas. Esta ley, conocida como la "Ley Dream" de 2001, otorgaba a los inmigrantes que habían vivido en el estado durante al menos tres años y se comprometían a solicitar un estatus legal permanente, la posibilidad de pagar matrícula estatal. Sin embargo, este beneficio fue revocado luego de una impugnación de la administración Trump, que argumentó que la ley violaba las normativas federales de inmigración.
El juez Reed O'Connor, quien preside el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, dictaminó que la ley entra en conflicto con la legislación federal, específicamente con la Cláusula de Supremacía, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales. Esta decisión ha generado una gran controversia, especialmente en un estado como Texas, que históricamente ha sido un punto de acceso para inmigrantes.
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El impacto de la ley Dream de 2001 en inmigrantes indocumentados
La Ley de 2001 de Texas, también conocida como ley Dream, fue pionera al permitir que los inmigrantes indocumentados que habían residido en el estado durante al menos tres años antes de graduarse de la escuela secundaria, pagaran tarifas de matrícula mucho más bajas que los estudiantes provenientes de otros estados. Esta legislación había sido un salvavidas para muchos inmigrantes, que ahora se ven obligados a enfrentar tarifas significativamente más altas si desean continuar su educación en universidades como la Universidad de Texas en Austin.
Por ejemplo, la matrícula para estudiantes de fuera del estado oscila entre los US$40.582 y los US$48.712 anuales, mientras que los estudiantes residentes de Texas pagan entre US$10.858 y US$13.576, según datos de la universidad. Esta disparidad, que se ha visto como un incentivo para la educación superior en una de las economías más grandes del país, ahora se ve amenazada debido a esta nueva resolución judicial. El impacto de la decisión podría desanimar a muchos jóvenes inmigrantes a seguir sus estudios universitarios, dificultando su acceso a oportunidades educativas.
El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha defendido este fallo como una "gran victoria para Texas", afirmando que la ley era incompatible con las políticas federales de inmigración. La administración Trump también argumentó que los inmigrantes indocumentados no deberían tener acceso a los beneficios que se niegan a los ciudadanos estadounidenses de otros estados, lo que llevó a la demanda que finalmente resultó en el bloqueo de la ley.
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Respuesta de activistas y organizaciones en Texas
La respuesta a la decisión del tribunal ha sido rápida y contundente. Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en Texas han calificado el fallo como una medida discriminatoria que afectará principalmente a los jóvenes que, a pesar de ser indocumentados, han crecido en el estado y han contribuido a su comunidad. Estas organizaciones denuncian que la revocación de la ley de matrícula estatal podría tener un impacto devastador en el futuro de miles de inmigrantes en Texas.
"Este fallo representa un retroceso en los derechos de los inmigrantes y un daño directo a las comunidades que han estado construyendo este estado", afirmó un portavoz de la organización United We Dream, uno de los grupos más activos en la defensa de los derechos de los inmigrantes. La legislación de 2001 había sobrevivido a varios intentos de derogación liderados por legisladores republicanos, pero ahora, con la decisión del tribunal, los activistas temen que el acceso a la educación superior para inmigrantes en Texas se vea aún más restringido.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha respaldado la demanda contra la ley estatal, citando las políticas migratorias del presidente Trump, como la orden ejecutiva de febrero de 2025 para "poner fin a los subsidios de los contribuyentes a las fronteras abiertas", como un marco legal para impulsar su litigio. Esto refleja un esfuerzo continuo por parte de la administración para restringir los derechos y beneficios de los inmigrantes indocumentados en diversas áreas, desde la educación hasta la salud.
Este fallo subraya cómo el cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos está afectando directamente las leyes y regulaciones a nivel estatal, generando divisiones entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y aquellos que abogan por un enfoque más estricto en la inmigración.