La principal desaladora de Almería tiene en vilo a miles de agricultores mientras se aviva la lucha por el control del agua

“Si la desaladora dejara de funcionar sería nuestra muerte”. Antonio López lo dice sin rodeos. Lleva 22 años al frente de la Comunidad de Regantes del Campo de Níjar y representa a más de 3.000 agricultores que dependen directamente de la desaladora de Carboneras, una instalación pública que lleva tiempo dando señales de agotamiento. “La tecnología está obsoleta y hay componentes que no se arreglan con mantenimiento. Hay que cambiarlos por completo”, insiste para explicar un problema que amenaza a vecinos y agricultores del Levante almeriense. Acuamed, la empresa estatal que gestiona la desaladora, reconoce que opera de forma limitada.

Porque el sistema hídrico de una de las zonas más secas e intensamente cultivadas de Europa pende de un hilo. En un lugar en el que abundan las plantaciones de berenjenas, pimientos o tomates, basta con un apagón para que se apague todo. Y eso es justo lo que pasó el pasado 28 de abril cuando el apagón masivo en la península Ibérica provocó a su vez un corte del suministro que dejó fuera de servicio a la principal desaladora de Almería durante nueve días. En ese tiempo no entró ni una gota al campo. La previsión de los regantes impidió un drama mayor porque el agua almacenada salvó los cultivos, pero la sensación de vulnerabilidad ha calado hondo entre los agricultores.

Pese a que en Níjar no temen a la sequía porque están acostumbrados a ella, le temen a la falta de previsión, a la ausencia de inversiones estructurales y a un sistema que no tiene red de seguridad. “No se puede parar la planta para renovarla porque no hay alternativa inmediata y morimos si se para”, explica López. “Confiamos en que el futuro va a ser muy positivo, pero necesitamos que se reactiven ya los proyectos de nuevas desaladoras para evitar un colapso”. Los regantes, que mantienen la mano tendida al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, creen que se debe actuar cuanto antes para evitar males mayores. No obstante, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aspira a que la región sea la que mayor volumen de agua regenerada produzca de toda España.

Las administraciones ya han mantenido reuniones técnicas en las últimas semanas, sobre todo a raíz del apagón y, según los regantes, la disposición es buena. Desde el Gobierno andaluz recuerdan que la responsabilidad tanto de la desaladora como de posibles trasvases de agua corresponde al Ejecutivo central y recuerdan que mantienen encuentros con los agricultores para conocer su realidad.

Mientras la posibilidad de abrir una segunda planta desaladora sigue sobre la mesa de los técnicos, la única opción técnica viable hoy por hoy es la desaladora privada del Mar de Alborán, gestionada por Aqualia, pero su agua cuesta más del doble que la de Carboneras: unos 70 céntimos el metro cúbico frente a los 30 céntimos del agua pública. “Es demasiado cara”, resume el representante de los regantes, que confía en que se pueda llegar a un acuerdo para que se rebaje o se subvencione el precio a corto plazo.

Confía en ello porque la Junta de Andalucía tiene a esta infraestructura incluida en su plan hidrológico regional, decide sobre la concesión de su agua -que es de 5 hectómetros cúbicos anuales actualmente, frente a los más de 40 de capacidad de Carboneras- y ha colaborado en su puesta en marcha. No obstante, al problema del precio por metro cúbico se suma que la red de distribución es la misma, lo que intensifica la tensión entre lo público y lo privado.

Carboneras en el punto de mira

Desde Acuamed, que gestiona la desaladora de Carboneras y depende del Gobierno central, reconocen que la planta está operativa, pero limitada: funciona con solo 9 bastidores de ósmosis, en plena reforma de su sistema de bombeo y presión, que pretende también ampliar la capacidad de desalado de agua, pendiente desde hace varios años. La remodelación busca mejorar su eficiencia energética, pero las obras se están ejecutando sin cerrar la planta, lo que obliga a paradas parciales y reduce su capacidad real. Una situación que no solo afecta a los 3.000 regantes del Campo de Níjar, sino a los más de 100.000 habitantes que viven en el Levante de Almería y cuyo abastecimiento humano depende en gran medida de la desaladora de Carboneras.

Por eso, los ayuntamientos de la zona miran con cierta preocupación el estado de mantenimiento de la infraestructura. Desde el Ayuntamiento de Níjar insisten en que “la desaladora lleva años dando problemas por averías constantes” y que el Gobierno central “tiene la obligación de garantizar el agua necesaria para los cultivos del Campo de Níjar”. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Carboneras, donde se ubica la instalación, evita cualquier posicionamiento y asegura que no ha recibido quejas formales. No obstante, avanzan que “se tiene constancia del interés por parte de una ingeniería para la posible construcción y puesta en marcha de una nueva planta desaladora que produciría 42 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada”. Sin más avances hasta el momento.

Ante el temor de que la desaladora de Carboneras llegue a fallar de forma crítica o de que las otras posibles desaladoras no lleguen a funcionar para abastecer a los regantes, Antonio López considera que la prioridad para el abastecimiento humano debería pasar por el trasvase entre el Tajo y el Segura. Un trasvase que, debido a que Almería sigue en sequía, sería otra opción para el abastecimiento humano, según estiman los propios agricultores.

Sin embargo, el Gobierno central prevé disminuir el agua trasvasada en los próximos años para asegurar el caudal ecológico del Tajo con el fin de combatir el cambio climático asociado a la sequía prolongada, lo que afectaría a la reserva hídrica. “Almería no tendría que tener ningún problema si se hicieran las infraestructuras necesarias para asegurar los trasvases y se abriesen nuevas desaladoras”, lamenta López.

Pero esta realidad, la de los regantes que piden más desaladoras y recursos hídricos, choca con la visión de los conservacionistas, que temen que el exceso acabe mermando a una tierra ya dañada por la sequía de forma recurrente. Pepe Rivera, portavoz de Ecologistas Mediterráneo Almería, pone nombres y apellidos a lo que considera una estrategia de desprestigio para abrir camino a la iniciativa privada. “Carboneras tuvo una avería, pero ahora mismo funciona. La ampliación que se prevé no es muy grande, es más bien una mejora”, explica. “Aquí estamos ante un cruce de intereses. Lo que le vendría genial a Aqualia es que fallase Carboneras”.

Rivera advierte de que el problema real no es la escasez de agua, sino la especulación: “Agua hay. Lo que pasa es que algunas empresas están comprando derechos de agua en Madrid, Toledo o Granada para asegurarse suministro. Y lo están haciendo para acaparar terreno y seguir creciendo, cuando el mercado ya no da más de sí. ¿Quién va a comprar todos esos tomates?”.

A eso se suma la debilidad de la red eléctrica de Almería, que ya ha afectado no sólo a Carboneras, sino también a otras desaladoras como la de Balerma. En un sistema tan dependiente de la energía, cada apagón es una amenaza directa, apuntan los ecologistas.

El campo de Níjar sigue en pie gracias a una planta que se mantiene a duras penas, mientras se recrudece la disputa por el control del agua. La desaladora de Carboneras no fue “un diseño político, sino técnico”, recuerda López. Pero ahora exige decisiones políticas: inversión, planificación y un modelo que garantice el derecho al agua antes que el negocio del agua. Porque si el corazón del sistema falla, todo se detiene. Y no es una metáfora. Lo saben bien quienes viven del campo, quienes lo riegan y quienes no tienen otra fuente a la que acudir si un día Carboneras dice basta.