Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen a favor de la impunidad para policías y militares
El Congreso de la República busca asegurar la impunidad de policías y militares. La Comisión de Constitución, presidida por el fujijmorista Fernando Rospigliosi, aprobó con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, el predictamen que propone otorgar amnistía a policías, militares y comités de autodefensa por actos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto interno. La medida ha sido impulsada por el congresista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo.
El congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, cuestionó duramente el dictamen y recordó casos emblemáticos de crímenes cometidos por agentes del Estado: “Caso Accomarca, Putis, las fosas comunes en Ayacucho que no se exhumaron, y los responsables siguen impunes. ¿Y se pretenderá dar amnistía?”, expresó. Además, enfatizó que su bancada rechaza el terrorismo de Estado, reafirmando la necesidad de justicia para las víctimas del conflicto armado interno.
El predictamen ha generado fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas legales. La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
Cabe recordar que Rospigliosi escribió una columna en el diario Expreso defendiendo al comandante Raúl Prado Ravines, sentenciado por liderar un escuadrón de la muerte, señalando que se trató de un montaje impulsado por fiscales y la “mafia caviar”. Curiosamente, ahora impulsa una ley que beneficiaría a efectivos en situaciones similares, lo que refuerza las críticas sobre su intento de garantizar impunidad.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú.
Los defensores del dictamen alegan que se trata de una deuda pendiente con quienes defendieron al país, y aseguran que solo busca brindar seguridad jurídica frente a lo que califican como “persecución judicial”. No obstante, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideran que este tipo de leyes debilita el Estado de derecho y bloquea el acceso a la verdad y justicia.
A pesar del avance en comisión, el predictamen aún debe ser votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, significaría un cambio radical en la política de justicia transicional del país y podría provocar demandas ante tribunales internacionales.