El Gobierno español ha anunciado este miércoles con grandes aspavientos un «acuerdo histórico» con el Reino Unido y la Comisión Europea sobre Gibraltar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está tan necesitado de oxígeno político que conviene rebajar las expectativas y examinar los hechos con detenimiento a partir de que se conozcan los detalles del pacto. Porque lo cierto es que España ha dejado escapar una ocasión de oro que se presenta una vez en la vida de cada generación: la de aprovechar el error del Brexit británico para avanzar hacia la recuperación de la soberanía sobre un territorio que constituye un anacronismo histórico en la Europa del siglo XXI. El acuerdo debe enmarcarse en el importante realineamiento geopolítico que ha iniciado el Gobierno laborista de Keir Starmer. Tras años de confrontación sobre cómo romper mejor y alejarse más del continente, el Reino Unido quiere ahora volver a acercarse a la Unión Europea y eso incluye una serie de gestos amistosos. El primero fue el acuerdo sobre seguridad y defensa, así como de cooperación en asuntos como pesca, movilidad juvenil o electricidad que se alcanzó en mayo pasado entre Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Gibraltar, en este contexto, no ha sido una prioridad británica, sino una ficha más en una negociación más amplia. La Comisión Europea, por su parte, ha actuado como intermediaria con una mirada más puesta en sus propios intereses institucionales que en la reivindicación española. España, lejos de aprovechar el momento, se ha conformado con una serie de cesiones que el Gobierno intenta ahora presentar como victorias diplomáticas. La presencia de la Policía española en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar —que era uno de los puntos más sensibles para Londres— es sin duda muy significativa y ha generado gran incomodidad en el Reino Unido. Pero, más allá de ese gesto, que puede ser reversible o meramente operativo, no se ha producido avance alguno en la cuestión de fondo, que es la soberanía del Peñón. Es revelador que los responsables gibraltareños, que históricamente se han mostrado recelosos de cualquier implicación española, no cuestionen el pacto. Lo hacen porque saben que no pone en entredicho su estatus ni amenaza su control sobre un régimen fiscal y legal que seguirá siendo una anomalía dentro de Europa. El Peñón continuará como un paraíso fiscal con una economía artificialmente hinchada a base de ventajas regulatorias que antes perjudicaban gravemente a la comarca vecina del Campo de Gibraltar. Que ahora ésta pueda aprovecharse de ellas depende más de Madrid que de la voluntad de Londres. Con este acuerdo, la diplomacia española parece haber aceptado tácitamente que la prioridad ya no es la reivindicación histórica, sino la gestión práctica del 'statu quo'. Un pragmatismo que convierte cualquier proyecto nacional en papel moneda para los equilibrios de Bruselas. Con este acuerdo, Sánchez incide de manera radical en otras de las grandes cuestiones geopolíticas que España tenía pendientes desde hace décadas: una era Gibraltar y la otra el Sahara Occidental. Aunque con desarrollos distintos, ambos casos merecían haberse resuelto con mayor transparencia hacia la sociedad española, que debió contar con la oportunidad de poner sus intereses sobre la mesa. Ni hablar de la necesidad de que todo esto sea examinado en el Parlamento. Mientras el Gobierno celebra una supuesta victoria, la realidad es que hemos desaprovechado un grave error de cálculo del Reino Unido para haber mejorado nuestra posición.
