Trabajo infantil en Perú: el primer paso hacia una vida laboral en la informalidad
En el Perú, más de 700.000 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan. Lo hacen en su mayoría en condiciones informales, sin contrato, sin beneficios laborales ni protección social. Algunos lo hacen como ayudantes de sus padres en faenas agrícolas o comerciales. Otros venden productos en las calles, limpian parabrisas o laboran como cargadores en mercados.
Pese a que la legislación prohíbe el trabajo infantil peligroso y establece restricciones para el empleo formal de menores, la realidad es que las condiciones estructurales del país empujan a muchas familias a depender del trabajo de sus hijos.
“El trabajo infantil impide adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad en el futuro. Así, al llegar a la adultez, enfrentan mayores dificultades para obtener ingresos dignos, con lo que se perpetúa el ciclo de pobreza”, explica Rosa Luz Durán, investigadora del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.
Empero, esta problemática no es exclusiva del Perú. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF estiman que, en el mundo, 160 millones de niños y niñas trabajan, con un aumento preocupante desde el 2020. América Latina y el Caribe continúan registrando la segunda tasa más alta de trabajo infantil en el mundo, pese a los avances logrados en la región.
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¿Trabajo infantil o apoyo familiar?
El economista Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, es claro al señalar que esta problemática no se debe a una sola causa, ni mucho menos al salario mínimo, como algunos han sugerido, sino a un entramado más profundo: “El trabajo infantil es consecuencia de la precariedad laboral del país, del insuficiente crecimiento económico y de la escasa capacidad de la economía nacional para generar empleo formal y de calidad”, explicó en entrevista para La República.
Cuadros señala que en el ámbito rural, donde se concentra buena parte del trabajo infantil, muchos pequeños productores agropecuarios no pueden solventar sus actividades sin la ayuda de sus hijos. “Aparece como respuesta a ingresos insuficientes. No es que los padres los quieran hacer trabajar: no les queda otra alternativa”, señala.
Según datos del Informe Técnico “Estado de la Niñez y Adolescencia” publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre de 2025, el 7,3 % de adolescentes entre 14 y 17 años se dedica exclusivamente a trabajar, situación que los expone a riesgos físicos, psicológicos y sociales.
En el ámbito urbano, aunque el fenómeno es menos extendido, también ocurre en familias que viven de la economía informal y carecen de redes de protección.
¿Es el salario mínimo un factor que fomenta el trabajo infantil?
En el debate público, algunos economistas han planteado que un salario mínimo elevado podría incentivar la informalidad y, como consecuencia, el trabajo infantil. Cuadros rechaza tajantemente esa hipótesis. “Más bien, los incrementos del salario mínimo mejoran el poder adquisitivo de los trabajadores e incluso reducen la necesidad de que haya trabajo infantil”, afirma.
Su razonamiento parte de una premisa clara: en los entornos donde se da la mayor parte del trabajo infantil no hay empleo asalariado formal al que aplicar el salario mínimo. “Se trata de empleo autónomo, independiente y de trabajo familiar no remunerado. En esos casos no se rige ninguna normativa laboral. El problema no es la regulación, sino la informalidad estructural y la falta de ingresos”, remarca.
Por otro lado, apunta que el 90% del empleo asalariado formal se concentra en zonas urbanas, mientras que en el campo —donde predomina el trabajo infantil— hay una alta incidencia de informalidad tributaria, bajos ingresos no declarados, y actividades que escapan a la fiscalización del Estado.
Sin plan visible: la acción del Estado es mínima
El exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo, Germán Lora, fue aún más crítico. Aunque reconoce que existe una Dirección General de Derechos Fundamentales dentro del Ministerio de Trabajo —encargada, entre otros temas, del seguimiento al plan nacional de erradicación del trabajo infantil— sostiene que no existe una política pública articulada, visible ni eficaz que aborde el problema de forma integral.
“No veo que el gobierno tenga una política abierta y clara para erradicar el trabajo infantil. Lo que hay son acciones aisladas de fiscalización a través de SUNAFIL, como la sanción a una persona natural por contratar a un menor, pero más allá de eso no hay un enfoque estructural ni articulación con otros sectores como Educación”, comenta Lora.
Y es que —como él mismo apunta— el trabajo infantil no puede abordarse solo desde la inspección laboral. “¿Quiénes son los que trabajan? Los que no estudian. ¿Y por qué no estudian? Porque no tienen recursos para hacerlo. Entonces esto también es un problema del Ministerio de Educación y del sistema de protección social en general”, remarca.
La informalidad como punto de partida y trampa estructural
En su diagnóstico, Lora añade tres elementos críticos que caracterizan al mercado laboral peruano y que explican por qué el trabajo infantil sigue siendo tan persistente:
- Alto grado de informalidad: más del 70% de la PEA trabaja sin contrato ni protección.
- Aumento de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis).
- Expansión del trabajo familiar no remunerado, donde menores apoyan las actividades económicas del hogar sin recibir ingresos.
A esto se suma lo que califica como una “trampa de la informalidad juvenil”. Según cifras del INEI, el 85% de los jóvenes menores de 25 años trabaja en el sector informal, lo que reduce seriamente sus posibilidades de acceder a empleos formales en el futuro. “Una vez que ingresan al mercado laboral por la vía informal, es muy difícil que puedan salir de ese circuito. Parece que la informalidad fuera un sello que arrastran toda la vida”, alerta.
Lora también critica la falta de incentivos reales para que las empresas contraten jóvenes, especialmente a través de modalidades de formación o primeros empleos. “La ley de modalidades formativas es tan rígida que desincentiva a las empresas. Hay que firmar convenios, presentar planes de formación, pagar beneficios, etc. Eso espanta a los empleadores. Entonces optan por contratar informalmente o no contratar”, lamenta.
¿Y los programas sociales?
Cuadros rescata el papel que podrían jugar los subsidios condicionados, como los programas de transferencia monetaria que exigen asistencia escolar y controles médicos. “Si se fortalecen, pueden reducir significativamente el trabajo infantil. Porque permiten que los niños se queden en la escuela y rompan el círculo de pobreza”, señala.
Ambos expertos coinciden en que el trabajo infantil no se erradica con una norma o una multa, sino con políticas públicas que aumenten los ingresos del hogar, garanticen el acceso a la educación, fortalezcan el empleo formal y reduzcan la informalidad.
Trabajo infantil en Perú: ¿por cuántos años más?
A pesar de contar con una política nacional para erradicar el trabajo infantil al 2030, el Estado parece lejos de cumplir ese objetivo. Las acciones no son visibles, no hay presupuesto asignado públicamente, y el problema sigue creciendo en silencio, especialmente en las regiones más pobres del país.
“La erradicación del trabajo infantil no puede depender de esfuerzos simbólicos o de operativos puntuales. Requiere de una estrategia sostenida, intersectorial y bien financiada”, concluye Cuadros.
Por ahora, sin embargo, ni el mercado ni el Estado parecen garantizar a todos los niños peruanos el derecho a una infancia libre de trabajo y llena de oportunidades.