Levantar el dedo para entrar a la OCDE, por Martin Fariña von Buchwald
El Perú se encuentra ante una oportunidad histórica: su eventual ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este paso no es menor. Integrar este organismo implica asumir estándares exigentes en materia de institucionalidad, transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Chile ya logró entrar a la OECD y es importante que el Perú lo haga. Es también una señal al mundo de que el país está dispuesto a jugar en las grandes ligas del desarrollo.
Sin embargo, para lograrlo, no basta con cumplir formalidades. Hay reformas urgentes que debemos asumir, y una de ellas —tal vez una de las más delicadas y menos discutidas— es la necesidad de fortalecer la protección a los whistleblowers, o denunciantes de actos de corrupción no solo en el sector público sino también en el sector privado.
En nuestro país, aún existe una fuerte resistencia cultural frente a quienes se atreven a “levantar el dedo”. Se les tilda de traidores, desleales o simplemente se les aísla. Esta cultura del silencio y la represalia no sólo es moralmente inaceptable, sino que representa un obstáculo concreto en nuestro camino hacia la OCDE.
La OECD ha sido muy explícita respecto al fortalecimiento de mecanismos de whistleblowing en el Perú como parte clave del proceso de adhesión. En el capítulo “Implementing whistleblower protection in Peru” del OECD Intregrity Review of Peru se concluye que, aunque existe una ley específica, esta es insuficiente sin implementación efectiva. Según este informe, la actual protección es más simbólica (“un escudo de cartón”), y debe convertirse en un verdadero “escudo de metal” garantizando la seguridad real de los denunciantes. En mayo de 2025, la PCM lideró reuniones para armonizar y ampliar la protección de denunciantes, y destacando que incluya al sector privado.
Y no hablamos solo de lo que ocurre en Lima. En Arequipa, Puno, Nazca, Trujillo, Puerto Maldonado y en otras de nuestras ciudades, los riesgos para quienes denuncian irregularidades son aún mayores. El miedo, la desprotección y la falta de canales efectivos de denuncia son moneda corriente. Necesitamos un sistema robusto, descentralizado y efectivo, que respalde al ciudadano que decide no callar para fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción, el insider trading, el lavado de activos, el contrabando, el adulteramiento de alimentos, la minería ilegal, y el crimen organizado en el Perú.
La falta de protección no se limita al ámbito del Poder Judicial. En el mundo de los negocios y la resolución de conflictos, los centros de arbitraje —tanto en Lima como en Arequipa y otras provincias— cumplen un rol fundamental. Pero también allí se requiere un cambio de paradigma. Estos espacios deben ser aliados de la transparencia, no instrumentos para silenciar denuncias legítimas. Deben ofrecer garantías reales para que ningún whistleblower tema represalias por decir la verdad.
Hace apenas unos días, el 9 de junio, el abogado Natale Amprimo Pla fue claro en una entrevista con la periodista Mónica Leiva: hay que “levantar el dedo” frente a la barbarie y la corrupción. No podemos seguir normalizando el abuso, la impunidad ni el chantaje. Callar es claudicar, y mirar a otro lado es consentir.
Nuestro camino hacia la OCDE no debe ser una aspiración vacía. Debe ser un compromiso profundo con el fortalecimiento institucional y con una cultura ciudadana que premie la valentía de quienes denuncian, en lugar de castigarlos y amordazarlos. Esto requiere voluntad política, reformas legales, educación ciudadana y —sobre todo— un firme compromiso ético de todos los actores del país incluyendo los administradores de justicia.
Si queremos estar en la OCDE, primero tenemos que estar a la altura de sus principios. Y eso empieza por proteger a quienes, con coraje, deciden no callar.