La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en portales de compraventa. Hay 12 detenidos y se han practicado 13 registros en la provincia. Trabajaban las 24 horas al día con al menos 69 líneas telefónicas a través de las cuales y, mediante una estructura piramidal, gestionaban toda la actividad de compraventa de vehículos que ofrecían en distintas plataformas y portales de Internet. En la operación Firebird, por el momento, se han detectado 175 víctimas a las que habrían causado un perjuicio económico de más de 380.000 euros continuando la investigación para identificar a más afectados. La investigación se inició cuando los agentes detectaron varias denuncias de estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Después de analizar toda la información observaron que existía una organización criminal que llevaba operando desde enero del año 2024. Se dedicaban a publicar anuncios falsos de vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, en páginas de compraventa y plataformas de comercio electrónico con precios muy por debajo del valor real del mercado. Una vez que las supuestas víctimas contactaban con ellos les exigían continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea desde donde les solicitaban una o varias transferencias para la reserva de los coches, así como una fotografía de su DNI con el falso pretexto de formalizar un contrato de compraventa. A cambio, los estafadores les remitían fotografías de la documentación personal del supuesto vendedor siendo estas identidades a su vez la de otras personas estafadas previamente por la organización. En caso de que no lograsen engañarlas llegaban a amenazarlas con realizar estafas utilizando sus identidades. Para dar más veracidad a la estafa realizaban varias llamadas desde distintos números de teléfono por parte de diferentes personas simulando ser otros departamentos de la misma empresa. Los investigadores llegaron a detectar hasta 69 líneas telefónicas que operaban 24 horas al día para dar respuesta rápida a todas las peticiones de los compradores casi en tiempo real funcionando como un call center. Para finalizar la supuesta operación aportaban contratos falsificados que remitían a los compradores suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa de compraventa de vehículos. Avanzada la investigación, comprobaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas que se encargaban de recolectar el dinero y que estaban asentados en varias localidades madrileñas. Bajo su mando existía otro eslabón para gestionar las cuentas bancarias entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una comisión. Posteriormente movían el dinero por diversas cuentas para dificultar su localización y, en otras ocasiones, adquirían productos de tecnología y artículos de alta gama como joyas y relojes. El 20 de mayo se llevó a cabo un dispositivo para la entrada y registro en 13 domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrejón de Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1). Como resultado se logró la detención de 12 personas entre los que se encuentran los líderes de este entramado, así como los recolectores de dinero –los encargados de monetizar el dinero defraudado mediante disposición en cajeros-. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados. En los registros se incautó más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM, numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, 3 réplicas de armas largas, 3 pistolas de airsoft y otras armas prohibidas. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados. Se identificaron 175 víctimas por todo el país a las que se les causó un perjuicio total de más de 380.000 euros, pero la investigación continúa abierta ya que no se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados.
