Peruanos se pronuncian indignados ante ley de amnistía: “El Congreso pacta con los criminales”
La reciente aprobación de la ley de amnistía por parte del Congreso de la República ha generado una ola de rechazo en amplios sectores de la sociedad civil. A través de un pronunciamiento público, un conjunto de ciudadanos, víctimas, activistas y defensores de derechos humanos calificaron la medida como un “pacto con criminales” que perpetúa la impunidad y atenta contra los pilares fundamentales de la democracia y la justicia.
La ley, promovida por una coalición parlamentaria con creciente protagonismo conservador, tiene como objetivo exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional implicados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las décadas de 1980 y 1990, en el contexto del conflicto armado interno.
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“Está probado que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra población civil, mayoritariamente quechuahablante y rural. Esta ley no es un acto de reconciliación ni de justicia. Esta ley encubre, protege a criminales y reabre heridas”, señala el pronunciamiento firmado por decenas de ciudadanos y organizaciones.
El documento recuerda que gracias al esfuerzo de las víctimas y sus familiares, así como al trabajo de defensores de derechos humanos, algunos responsables han sido condenados en procesos históricos que han permitido sentar precedentes en la búsqueda de justicia. Sin embargo, muchos casos siguen pendientes, obstaculizados por la negligencia y desinterés del Estado.
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De acuerdo con la misiva, los ciudadanos firmantes advierten que esta ley contraviene principios del derecho internacional, pues los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías. En consecuencia, podría además comprometer al Estado peruano ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La justicia no se archiva. La memoria no se borra. La impunidad no será el legado que aceptemos como sociedad”, concluye el pronunciamiento, que reitera su solidaridad con las víctimas y llama a mantener viva la memoria activa para que estos hechos no se repitan.
La aprobación de esta norma reaviva el debate sobre los límites de la reconciliación y el papel del Estado en la reparación a las víctimas. Por ahora, la indignación crece y la resistencia ciudadana promete no ceder frente al olvido ni a la impunidad.
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Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, alertó que al menos 156 sentencias firmes y más de 600 procesos en curso podrían quedar sin efecto, representando un retroceso sin precedentes para la justicia peruana.
Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, señaló que todos los procesados en este caso podrían verse beneficiados. Además, advirtió que la redacción de la ley permite que la mayoría de sentenciados sin condena firme puedan acogerse a ella:
“Aunque la ley parece establecer un marco restringido, en realidad es bastante amplia. Dice que solo quienes no tengan sentencia firme pueden pedirla, pero luego agrega que quienes tengan más de 70 años, aunque tengan sentencia firme, también pueden solicitarla. Entonces, son muy pocos los que quedarían fuera”, explicó.