15.000 por colgar una pancarta
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Estás protestando en la universidad, cuelgas una pancarta reivindicativa en la pared de un edificio y unos días después te llega una multa de 15.000 euros.
Este es el panorama que se pueden encontrar en breve en las universidades madrileñas si la Comunidad de Madrid aprueba su nueva ley de educación superior, lo que según dijo el consejero pretende hacer en diciembre. La semana pasada, después de semanas hablando de ella en base solo a informaciones parciales, se conoció por fin el borrador de ley entero –filtrado, no vaya a ser que el Gobierno regional informe de algo–. Y contenía alguna sorpresa como esta.
Tanto la presidenta Ayuso como su consejero, Emilio Viciana, habían dado pistas sobre su intención de incluir un régimen disciplinario duro en la universidad. También, aunque nadie les había hecho mucho caso por la financiación se lo come todo, la gente que lleva meses protestando en las universidades, que ya habían detectado un aumento de la represión.
No se equivocaban. El régimen disciplinario que incluye el proyecto de ley contempla multas de hasta 100.000 por manifestarse o impedir que se celebren actividades autorizadas (elementos pensados para evitar escraches como el que sufrió el expolítico Iván Espinosa de los Monteros o la propia Ayuso cuando recibió su distinción como alumna ilustre), entre otras.
Al Gobierno regional debió sentarle mal que se filtrara el borrador, porque enseguida salió a denostar la información. Pero no, el desmentido no decía qué era falso, como clamaban Ayuso y su consejero, porque está todo negro sobre blanco en su borrador de ley. Y vinieron a decir que esto ya se conocía desde el año pasado y que además no ha cambiado nada en este tiempo.
Los rectores de los centros públicos vinieron a replicar que lo habrían debatido con otros, porque para ellos era la primera noticia de la cuantía de las multas. El Ministerio de Universidades vio la propuesta “preocupante” y además cree que podría invadir competencias, porque además de las multas a estudiantes incluye otra serie de disposiciones dudosas.
Lo que no deja lugar a la duda es que con estas medidas Ayuso sigue apretando las tuercas a la universidad pública. Primero fue la asfixia económica, después la mordaza, ahora las multas.
Esta semana hemos hablado de...
- Del piso tutelado a estudiar el grado más exigente. Tadeo Morín entró en un centro de acogida de la Junta de Andalucía cuando tenía 15 años por una situación de violencia intrafamiliar. De ahí a otro centro a los 16 y finalmente a un piso tutelado a los 18. En medio de todo eso, Tadeo fue capaz de acabar el instituto con un 9,88 y la selectividad con un 13,478 (sobre 14), que le permitirá estudiar Matemáticas, el grado estrella en los últimos años. Una historia extraordinaria de un chico que se rebeló contra su futuro probable y ganó.
- La Junta de Andalucía investiga a un concertado por cobrar cuotas ilegales. Es el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Sevilla y el inspector que ha levantado el caso habla del “evidente carácter lucrativo” del centro por “vincular la impartición de enseñanzas con el cobro de cuotas por distintos servicios”. “¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!”, que diría el capitán Renault en Casablanca. Más allá de la broma, hemos hablado mucho de las cuotas y ya sabéis que son el epítome de algo que todo el mundo sabe que pasa, que no debería, pero nadie hace nada. Y es un negocio milmillonario para los centros.
- Sin móviles en todas las etapas en Catalunya. Tras diez años de permitir a los centros gestionarse, la Generalitat ha prohibido los teléfonos en todas la educación obligatoria y, siguiendo la línea de la Comunidad de Madrid, ha vetado también todas las pantallas en las aulas de infantil, concretamente las pizarras digitales y las tabletas, que habían proliferado en los últimos años. Otro paso más en este carrusel que está siendo la gestión de la tecnología en la escuela, aunque de momento la prohibición está ganando.
Para subir nota
- Menos aprobados en la selectividad. Ya se venía comentando que esto y una bajada de las notas eran dos cosas que podían pasar, sobre todo después de la inflación de calificaciones de los últimos años. Entre otras razones, por el cambio de examen. Pero aún falta por ver cómo se traslada esta caída a las notas de corte a los diferentes grados cuando se completen las inscripciones, que es la verdadera chicha de esto.
- Cómo acercar la memoria histórica a los jóvenes. Sabéis que tenemos un problema con el avance de la ultraderecha en las aulas, con los jóvenes que loan a Franco o, en general, con las fake news del franquismo sociológico. A la escuela le está costando mucho combatir este fenómeno, la memoria histórica es una asignatura pendiente. Este reportaje de Juan Miguel Baquero, que es experto en el tema, da algunas ideas para afrontar la situación.
- Contra el plan de la Xunta para imponer “neutralidad ideológica” en la escuela. Eran unas simples instrucciones para el próximo curso, pero han levantado todo un enfrentamiento entre el Gobierno gallego y buena parte de la comunidad educativa. La Xunta quiere que los colegios presenten a principio de curso las actividades complementarias (no académicas) que planean hacer, que deberán promover “la defensa de los valores constitucionales, la neutralidad ideológica, el pluralismo social y el pensamiento crítico” para garantizar la “paz interna”. La comunidad educativa cree que lo que quiere la Xunta es que los centros no protesten contra la guerra en Gaza o el proyecto de macrocelulosa de Altri.
El martes que viene nos leemos de nuevo.
¡Feliz semana!