El sector denuncia la insuficiencia de ayudas públicas para que hostelería y comercio se adapten a la Ley Antifraude
La Ley Antifraude, que entrará en vigor el próximo 31 de julio, establece que los sistemas de facturación deben establecer dispositivos homologados, conectados en tiempo real con la Agencia Tributaria, a la que deben comunicarse todos los registros de facturación. La implementación de estos sistemas supone una carga financiera para los pequeños y medianos empresarios, que apenas cuentan con subvenciones específicas para facilitar esta transición.