La Xunta de Rueda gira a la derecha y asume el discurso ultra sobre los niños migrantes o el control de la escuela

La Xunta de Alfonso Rueda recibió en abril las competencias sobre el litoral. Fue el primer traspaso en más de una década -los años de Feijóo resultaron, a este respecto, un erial- y no era un traspaso menor, sino una histórica reclamación del galleguismo y la izquierda. Esa circunstancia y la distensión decretada en torno a la política lingüística con el denominado Pacto polo Galego parecían anunciar cambio de paradigma en la derecha gallega. Dos meses más tarde y en los prolegómenos del Congreso del PP estatal, las señales indican otro camino: el Gobierno gallego ha girado a la derecha y asumido posiciones próximas a los ultras en el control de la escuela, en el asilo de niños migrantes o en el tratamiento de la denuncia por agresión sexual a su exconselleiro do Mar.

Este lunes Alfonso Rueda comunicaba, al finalizar la reunión semanal de su gabinete, que adoptaba el mismo camino que Isabel Díaz Ayuso (y Emiliano García-Page): recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes decidido por el Gobierno central. El presidente lo argumentó en base a una supuesta invasión de competencias y a que la medida no vaya acompañada de financiación. Un año antes llegó a calificar de “aluvión sin criterio” el hecho de asumir el cuidado y protección de 300 niños. Lo que sí es cierto, alertan los profesionales, es que el sistema de protección del menor en Galicia cuenta con los mismos medios que hace 30 años y nunca ha estado entre las preocupaciones de los sucesivos gobiernos del Partido Popular.

Límites a la libertad de expresión

Rueda refrendaba así las posiciones en política migratoria de los sectores más extremistas del PP. La semana anterior, su Consellería de Educación, encabezada por Román Rodríguez, hacía lo propio. Una instrucción de su departamento dirigida a las direcciones de los colegios públicos los insta a mantener la “neutralidad ideológica” en las actividades complementarias, que deberán ser comunicadas a inspección al inicio de cada curso. La comunidad educativa clama contra la idea y los expertos consultados por elDiario.es la relacionan con el programa de la extrema derecha mundial para limitar y reducir la libertad de expresión. El propio Rueda admitía sin demasiado problema que la neutralidad ideológica no incumbía la enseñanza de la religión.

Este repentino interés por controlar lo que se dice y no se dice en la escuela no obedece a ninguna razón objetiva. O, al menos, el presidente de la Xunta no ha sido capaz de hacerla explícita. Ni sindicatos de profesores ni asociaciones de madres y padres lo comprenden y ya se han manifestado en contra. Preguntado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello, Rueda respondió con una especie de ironía: “Si no hay un problema y hay un consenso general, todos satisfechos, los que creen que eso se produce y los que creemos que hay que asegurar que eso se produzca”. El Reagrupamiento Nacional francés, Vox o Díaz Ayuso son algunos de los partidos o figuras políticas que exigen “neutralidad ideológica” en las escuelas y entienden por ello combatir las ideas que no se ajustan a su visión del mundo.

Cultura patriarcal

Donde no hubo neutralidad fue en la reacción del Gobierno gallego a la dimisión de su conselleiro do Mar, Alfonso Villares, imputado tras una denuncia por agresión sexual. Ni uno solo de sus miembros de máximo nivel -ni siquiera el director general contra la Violencia de Género- reservaron una palabra de respeto o apoyo a la mujer denunciante, y todo fueron loas a la presunción de inocencia y al “magnífico trabajo” desempeñado por Villares, un conselleiro de labor más bien discreta. Alfonso Rueda se resistió una y otra vez, en el Parlamento o a preguntas de la prensa, a mostrar una mínima solidaridad con la presunta víctima, remitió lo sucedido al ámbito privado y llegó a desear la reincorporación del dimitido a su gabinete de resultar exonerado. Admitió, además, que conocía la denuncia desde febrero. Tampoco era la primera vez en que emergía la cultura patriarcal del Gobierno gallego: el presidente defendió en su día una campaña institucional que señalaba a las mujeres por su forma de vestir y no tuvo reparo en reintegrar un concejal condenado por violencia machista.

Algún episodio de ese tipo también lo vivieron los medios públicos, reducidos durante las presidencias de Núñez Feijóo a un mero apéndice gubernamental. Su sucesor, Alfonso Rueda, redobló la apuesta y hace tan solo unos meses aprobó una ley para desdemocratizar aún más su gestión. Casi en paralelo a un movimiento análogo en RTVE -este promovido por el PSOE-, el Partido Popular modificaba en solitario las condiciones para que la Cámara autonómica refrende al titular de la dirección general de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG): ahora bastará con mayoría simple. La elegida es Concha Pombo, responsable de los muy cuestionados informativos de la televisión. Parte de los profesionales del ente público protestan desde hace más de seis años contra la manipulación a favor de la derecha.

“Sin remordimientos” por la ultraderecha

El analista Manuel Martínez Barreiro, que publicó uno de los escasos ensayos sobre la entonces nueva casta dirigente del PP gallego, A novísima dereita e nós (2.0 Editora, 2011), aseguraba a este periódico que Alfonso Rueda “no es un hombre de ideas, sino un administrador de partido, poco emocional, pero que se siente cómodo en la política antagonista y confrontadora”. Lo sitúa políticamente en un eje que va del centroderecha “al extremo centroderecha, sin ninguna veleidad progresista”. Y recuerda que, al mismo tiempo, no siente ningún remordimiento por aparecer “como compañero de viaje de la derecha más ultra”: lo hizo en 2007, cuando se manifestó contra la enseñanza del gallego de la mano de colectivos extremistas. Y lo volvió a hacer en la última campaña electoral, cuando recuperó algunas de sus esotéricas argumentaciones, como la de una inexistente imposición del gallego o el vínculo entre enseñanza en comunidades bilingües y bajo rendimiento escolar. Tan cómodo se siente en la retórica de combate derechista que ni las instituciones autonómicas se libran de sus ataques si estas cuestionan sus políticas.