Save the Children ha alertado de fallos y « errores sistemáticos « en la identificación de la minoría de edad de los migrantes llegados a Canarias. Según un estudio, la ONG ha constatado »una cadena de vulneraciones que se repite a lo largo de la frontera europea«. Detención automática y prolongada de menores , a veces en centros destinados a adultos; errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad y otras vulnerabilidades; o la ausencia de personal especializado en infancia durante las primeras 24 horas, son solo algunos ejemplos de las infracciones que ha detectado la entidad. Mientras los Estados de la Unión Europea endurecen sus controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, prevista para junio de 2026, alerta, «la magnitud real de la migración infantil sigue infravalorada». Así se desprende del informe 'Cruzando fronteras' y de una investigación basada en entrevistas a 33 menores migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, junto con entrevistas a profesionales y análisis de literatura académica. También ha advertido de la cronificación de dispositivos provisionales que se abrieron como respuesta a crisis puntuales. «A todo ello se suma la violencia que sufren los menores en ruta y en los puntos de entrada, incluyendo devoluciones en caliente y agresiones«, ha manifestado. «La reciente tragedia del cayuco que volcó en El Hierro, donde murieron tres niñas y cuatro mujeres, ilustra el coste humano de la migración en España y el alto impacto en la infancia», sostiene la ONG, que destaca que en 2024 un total de 61.323 personas llegaron por vía marítima a España, según datos del Ministerio del Interior. En este sentido, Save the Children ha detallado que el 76% de las llegadas de 2024 se produjeron por la ruta atlántica con destino a las islas Canarias y, «al menos, un 10% eran niños y niñas, aunque muchos no fueron reconocidos como tales, de modo que la magnitud real de la migración infantil sigue infravalorada». La organización ha subrayado que la falta de personal con mandato público en protección a la infancia durante las 72 horas iniciales hace que estos menores puedan pasar desapercibidos, sin derivación al sistema de protección o a recursos especializados y sin apoyo psicológico ni intérpretes. «Un simple error de clasificación priva a un menor de edad de todos sus derechos: tutela, escolarización y atención sanitaria», ha apostillado. Respecto a Canarias, Save the Children sostiene que los recursos de emergencia abiertos en 2021, bajo condiciones excepcionales, siguen « sobreocupados «. El archipiélago tutela a más de 5.000 menores porque »los traslados a la península llegan con cuentagotas«. »Los retrasos en los reconocimientos de la minoría de edad y en las derivaciones, prolongan la estancia durante meses en espacios no adecuados para la infancia«, ha recalcado. En esta investigación, la ONG ha recogido el testimonio de Momo, un niño marroquí de 13 años, que nadó desde la playa de La Bocana en Beni Enzar (Marruecos) hasta las proximidades de Melilla. «A Momo le registraron por error con tres años más, pero aún menor de edad: muchos otros niños no tienen la misma suerte», ha afirmado Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children. Del mismo modo, una joven marroquí que hoy tiene 23 años y que cruzó el Atlántico en patera siendo menor de edad ha narrado el horror del viaje. En su embarcación navegaban cincuenta personas, sólo tres de ellas mujeres. Aún recuerda los cadáveres flotando y el miedo: «Pensé que nosotros también moriríamos», confiesa mientras dibuja un tiburón y el cuerpo sin vida de una mujer en el mar, ha contado. Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, ha pedido que, en el momento inicial de llegada, se adopten protocolos para la identificación y derivación de perfiles vulnerables, con equipos dotados de mandato público en protección de la infancia y tutores cualificados en cada procedimiento previo a la incorporación de estos niños y niñas al sistema de protección. La fase de criba debe servir para evaluar la situación de cada niño y niña y detectar cualquier signo de vulnerabilidad de manera temprana a través de herramientas estándar. La organización también pide alternativas a la detención de niños y niñas en la fase de cribado. Tras la fase inicial, la organización reclama que se agilicen los traslados de niños y niñas a la Península, aplicando el mecanismo estatal de distribución interterritorial, aprobado recientemente, de modo que ninguna región afronte en solitario los picos migratorios.
