Bruselas lleva a España ante la justicia europea por incumplir las normas de transparencia en las condiciones laborales
Las leyes españolas no cumplen con el derecho de los empleados a una información más completa sobre aspectos como la jornada y el salario, y tampoco garantizan un periodo de prueba máximo de seis meses
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La Comisión Europea lleva a España ante la justicia europea (TJUE) por incumplir las normas europeas respecto a la transparencia de las condiciones laborales. Tras abrir un expediente en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez notificó a Bruselas algunos cambios, pero son “insuficientes” para cumplir con la directiva. En concreto, el gobierno comunitario señala que la normativa española no protege el derecho de los empleados a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración, y también lleva al país ante el TJUE por no garantizar el máximo de seis meses en los periodos de prueba.
El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2024 el Anteproyecto de ley para dar cumplimiento a esa normativa, que incluía la prohibición de ampliar los seis meses de periodos de prueba en los convenios colectivos, entre otras medidas. Sin embargo, la regulación está bloqueada en el Congreso desde marzo de 2024. “No hay mayoría para sacarla adelante”, explican fuentes sindicales, que destacan las enmiendas del PP, Vox y Junts para modificar el texto. Por ejemplo, la formación de Carles Puigdemont han presentado una enmienda para que las ETT (empresas de trabajo temporal) puedan “realizar puestas a disposición” de trabajadores para atender las necesidades fijas discontinuas de las empresas, una modificación de la pasada reforma laboral.
El procedimiento puede acabar con una multa para España por incumplir esa normativa. “La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer plenamente a su Derecho nacional la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles (Directiva 2019/1152). Las normas de la UE exigen, por ejemplo, que los trabajadores reciban información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Según las medidas notificadas a la Comisión, España no dispone de tales normas”, señala en un comunicado.
Esfuerzos “insufientes” por las autoridades españolas
“La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes”, señala sobre las medidas que trasladó el ministerio de Yolanda Díaz a la Comisión Europea el pasado mes de febrero.
“Los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las misiones y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración”, explica la nota sobre la decisión de recurrir al TJUE.
“Las normas de la UE también garantizan que los trabajadores disfruten de unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses. En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en formas de empleo precarias”, agrega la Comisión.
Entre los cambios que incluyó el Gobierno en su propuesta de ley, aún en tramitación y por tanto no en vigor, figuran que los contratos de trabajo tengan que ser siempre “por escrito” (ahora también válidos de palabra), que el periodo de prueba sea de un máximo de seis meses para técnicos y técnicas tituladas y de dos meses para el resto de personas trabajadoras (no ampliable por convenio colectivo), y un preaviso mínimo de tres días para la realización de horas complementarias en los trabajo a tiempo parcial, un plazo que no se podrá rebajar mediante convenio, como ocurre en la actualidad.