Casa Allende: comisión investigadora aprueba informe que acusa a Boric de “eludir su responsabilidad política”

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, por siete votos a favor y cinco en contra, el informe presentado por los diputados Andrés Longton (RN) y Paula Labra (RN) sobre la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

El documento, que será expuesto próximamente ante la Sala, concluyó que el Presidente Gabriel Boric “intentó eludir su responsabilidad política” al sostener que desconocía las inhabilidades legales que impedían la operación. Lo anterior, pese a que estas fueron advertidas por diversos organismos técnicos del propio Ejecutivo.

“Esta justificación es institucionalmente inaceptable, ya que las advertencias existieron y debieron haberle sido comunicadas por su equipo más cercano”, señaló el informe.

En esa línea, se acusó que, a pesar de conocerse las inhabilidades constitucionales que afectaban a la senadora Isabel Allende y a la exministra Maya Fernández, el decreto de compra avanzó sin objeciones, lo que constituye una grave omisión institucional.

El informe también responsabiliza directamente a la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien, “a pesar de contar con antecedentes sobre conflictos de interés e inhabilidades, permitió que el decreto de compra avanzara sin objeciones”.

Según el texto, este error institucional comprometió la imagen y la responsabilidad del Ejecutivo. Por ello, se solicitó su renuncia inmediata.

Otro de los focos del informe es el rol de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, a quienes se les califica como “arquitectos en la sombra de una operación temeraria”.

Ambos habrían ejercido presión sistemática para concretar la compra del inmueble, pese a las advertencias técnicas y jurídicas. Su renuncia, ocurrida justo antes de ser citados a la comisión, es interpretada como una maniobra para eludir responsabilidades.

Para el presidente de la comisión, el diputado Andrés Longton (RN), la votación fue contundente. El parlamentario fue enfático en señalar que “la primera responsabilidad que tiene un Presidente de la República es conocer la Constitución, sobre todo cuando es el capítulo de gobierno”.

En su opinión, el actuar del Ejecutivo revela “una liviandad y una frivolidad que es inaceptable para efectos de ocupar la más alta magistratura y cargos de esta responsabilidad”.

Por otra parte, el parlamentario del Partido Socialista y miembro de la instancia legislativa, Raúl Leiva, cuestionó duramente el enfoque del informe aprobado, indicando que “esta comisión demuestra la desnaturalización de las comisiones especiales investigadoras. Aquí no se fiscalizó un acto de gobierno, se hizo un juicio político a la familia del expresidente Salvador Allende”.

Leiva defendió la legalidad del proceso y recordó que “la propia contralora vino y señaló que no había ningún acto ni ilegal ni inconstitucional”. De igual forma, destacó que el Presidente Boric actuó con responsabilidad al detener la operación y ordenar sumarios administrativos.

“El presidente fue ejemplar, pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales e inició todos los sumarios correspondientes. La operación no siguió adelante por instrucción suya”, afirmó.

Cabe señalar que, en primera instancia durante la sesión se votó por un texto preparado por parlamentarios oficialistas Raúl Soto (PPD), Roberto Celedón (IND-FA) y por el mismo Leiva, sin embargo, fue rechazado con seis votos en contra y cinco a favor.

En tanto, la diputada Paula Labra (RN) sostuvo que el documento “aprobado es bastante claro respecto a que esta operación de compra jamás fue aprobada por el Congreso”. Asimismo, apuntó que “el informe consigna que existieron presiones, tal como por ejemplo lo expresó la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, en su testimonio”.