La burocracia frena el funcionamiento de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria

Hace una semana se efectuó la designación de la gerente de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), Claudia Cáceres. Sin embargo, la recién creada institución aún no tiene recursos para operar. La razón: se encuentra en el lento proceso administrativo para recibir fondos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Por qué importa. El país atraviesa una parálisis de proyectos de infraestructura vial. Esto, a pesar de la aprobación —hace más de un año— de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Una realidad que repercute negativamente en el desarrollo económico y en la competitividad del país.

• La DIPP aún no puede ejecutar proyectos por la ausencia de codificaciones presupuestarias. Motivo que aplazó las operaciones planificadas en el 2024 para el próximo año.

• Según la ley, la Dirección de Infraestructura gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Además, contará con recursos propios.

• Características que no se han podido concretar y que plantean un reto para la titular de la DIPP. La primera asignación de fondos podría darse hasta en septiembre próximo.

Visto y no visto. Para lograr los desembolsos del Minfin, esta institución debe crearle un código administrativo a la nueva entidad. Un proceso que puede tardar un máximo de 90 días. A partir de ese entonces se podrá iniciar con la contratación de personal y con la realización de estudios técnicos.

• El Congreso aprobó la ley con amplio respaldo, pero el Ejecutivo —Minfin— ha mostrado escaso interés en operativizarla.

• Hace dos meses venció el plazo que Finanzas tenía para emitir el reglamento de garantía para la terminación anticipada de las obras, definido por la LIVP.

• La inercia estatal también afecta los contratos existentes. Sin reglas para cancelarlos en caso de anomalías, el Estado queda atado a obras mal hechas o abandonadas.

Sí, pero. La aprobación de la ley fue un paso significativo hacia la modernización de las carreteras del país. Sin embargo, su implementación efectiva tropieza con obstáculos burocráticos.

• La normativa creó un marco atractivo para la inversión, pero sin reglamentos operativos se vuelve un obstáculo para el país. El entusiasmo inicial está opacado por la parálisis administrativa.

• El Ejecutivo argumenta que revisa detalles técnicos para evitar errores, pero ese proceso ya lleva más de un año. Mientras tanto, los guatemaltecos esperan resultados.

• Expertos sostienen que el problema no es técnico, sino político: el reglamento restaría discrecionalidad a quienes históricamente usaron las obras públicas como botín electoral.

Conclusión. La ley tardó seis años en aprobarse y en su momento prometió ser la solución a los males de la infraestructura vial que enfrenta Guatemala. En la actualidad, no se ha logrado materializarla. Incluso, hay incumplimientos en los plazos establecidos por la LIVP.

• Hechos que pone en “tela de duda” la capacidad del gobierno para hacer funcionar la nueva dependencia.