Estación Central, al borde del colapso: el lobby que impulsa la aprobación de nuevos “guetos verticales”
Una publicación de CIPER reveló que Estación Central vive una “crisis y colapso” en sus redes de agua, alcantarillado, transporte y convivencia, tras autorizarse 54 mega edificios durante la administración del exalcalde Rodrigo Delgado (UDI), a pesar de que Contraloría los había prohibido en 2016.
Cuatro de estos proyectos —pertenecientes al grupo Su Ksa— solicitaron su recepción municipal, instancia que ha sido rechazada por el municipio, al detectarse que no cumplen con las normas vigentes, especialmente en densidad y tamaño.
Paralelamente, la inmobiliaria Su Ksa sostuvo una reunión regulada por la Ley de Lobby con la senadora Ximena Rincón. Posteriormente, Rincón denunció presuntas exigencias de coimas a la empresa. El senador Fidel Espinoza respaldó la denuncia, aunque ambos legisladores “no entregaron pruebas”, según CIPER, y el dueño de Su Ksa, Armando Ide, dijo que “no le interesa” hablar del tema.
Vecinos de la comuna, que llevan décadas residiendo en el área —algunos hasta 52 años— describen los nuevos rascacielos como “pequeñas Caracas”, donde el hacinamiento supera las 1.000 personas por hectárea, cuando el límite sugerido es de 150. Espacios comunes saturados, ascensores colapsados y colapso de redes han alterado la vida diaria.
La masiva llegada de residentes en un corto plazo -41.000 departamentos, aproximadamente 164.000 nuevas personas en menos de cinco años- ha desbordado infraestructura urbana, generando falta de agua, mal olor, congestión vehicular y deficiencias en recolección de residuos.
La Contraloría declaró ilegales esas construcciones y ordenó paralizaciones, pero muchas siguieron adelante, aprovechando vacíos en la normativa local. En 2016 ordenó que “no pueden aprobarse edificios continuos” sin normas de altura, sin embargo las aprobaciones ya estaban en curso.
El municipio, bajo la actual gestión de Felipe Muñoz, interpuso querellas contra exfuncionarios por prevaricación administrativa y criticó que se privilegie el lucro inmobiliario por sobre los derechos de los vecinos, provocando una zona de “sacrificio urbano”. La investigación está en manos de la Fiscalía y PDI.
La comuna avanza en elaborar un nuevo Plan Regulador Comunal que limite altura, densidad y uso de suelo para evitar que los guetos verticales —y su impacto profundo— se repitan. La tensión entre desarrollo inmobiliario, derechos ciudadanos y supervisión legal entra en una nueva fase decisiva.