Militares usurpan funciones civiles: PAN rechaza nueva Ley de la Guardia Nacional

El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, reafirmó el rechazo de su partido a la nueva Ley de la Guardia Nacional impulsada por el oficialismo, al advertir que lo que se busca es consolidar una estructura militar paralela que usurpa funciones civiles, centraliza el poder, elimina contrapesos y vulnera derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la rendición de cuentas.Subrayó que entre los aspectos más preocupantes de la reforma se otorgan facultades directas a la Guardia Nacional, en manos del Ejército, para requerir datos personales, geolocalización e información de los ciudadanos a las empresas de telecomunicaciones sin el debido control judicial efectivo.“Están institucionalizando el espionaje en tiempo real y se reincorporan, incluso, figuras como las operaciones encubiertas que la Corte ya había declarado inconstitucionales”, acusó.Lixa remarcó que lo que Morena y aliados llamaron Guardia Nacional era solo un membrete, pues hoy desenmascaran su verdadera intención: convertirla en una guardia militar, vistiendo de uniforme castrense a una institución que, por mandato constitucional, debe ser civil.“Todo lo que el Ejército construye se clasifica como seguridad nacional. Nadie puede fiscalizar cómo gastan el dinero público. Ahora, bajo el paraguas de la Guardia Nacional, este blindaje de opacidad se extenderá todavía más”, alertó.El coordinador de Acción Nacional en el Palacio de San Lázaro señaló que la militarización ya tuvo una expresión simbólica durante la reciente jornada electoral, cuando personal militar fue visto dentro del INE, pues aun cuando no hay nada más civil que el derecho al voto, la presencia de militares en las casillas o en las instituciones electorales marca una línea de absoluta gravedad que en una democracia no debería de cruzarse nunca.“Nos dijeron que querían fortalecer la Secretaría de Seguridad, pero ahora entregan toda la operación de la Guardia Nacional al Ejército. ¿Quién será responsable cuando se violen los derechos de las y los ciudadanos, la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Seguridad? El diseño institucional es una trampa de impunidad”, puntualizó Lixa.LP