El Gobierno se acerca a un acuerdo con Canarias para hacerse cargo de mil menores refugiados y cumplir la sentencia del Supremo

El Gobierno central se aproxima a un acuerdo con Canarias para cumplir con la sentencia del Supremo que le obliga a hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos actualmente en las islas. El texto sobre el que trabajan, que seguirán “concretando” en una reunión programada para este martes, perfila una serie de líneas clave del sistema para asumir la responsabilidad de estos chavales, como darles de alta en en el sistema de protección internacional y la creacción de un comité interadministrativo para evaluar cada caso y decidir el tipo de centro donde sería preferible su acogida de manera individualizada, así como si es necesario su traslado a un recuso estatal de la península o su permanencia en el Archipiélago en función de la situación de arraigo y vulnerabilidad, según explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fuentes de la negociación aclaran a elDiario.es que no existe un acuerdo cerrado sobre la acogida de estos menores demandantes de asilo, sino que hay unas “premisas” sobre las que este jueves se sientan a trabajar. Desde el Gobierno de Canarias han explicado a este medio que este martes hay prevista una reunión telemática entre el Ejecutivo central y regional, que se verán cada semana para analizar caso a caso. “Las premisas de trabajo son esas: evaluar caso a caso, de forma individualizada”, señalan. La idea apuntan que es dar de alta a estos jóvenes en el sistema nacional de protección internacional que es lo urgente para que puedan tener acceso a sus derechos, como adelantó El País.

“El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo lo antes posible que desahogue la situación de Canarias”, afirman desde el departamento dirigido por Elma Sáiz. “Se trata de una situación de extrema sensibilidad e importancia, teniendo en cuenta que se está hablando de menores de edad, pero desde el Ministerio de Migraciones destacamos la voluntad de colaboración, de resolución y de búsqueda de opciones conjuntas, entre todas las partes, que se ha manifestado desde el primer momento”, añaden las mismas fuentes.

El pasado 5 de junio el Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al Gobierno para que se haga cargo del millar de menores extranjeros no acompañados que esperan a sus solicitudes de asilo en Canarias. Los jueces entiendía que el Ejecutivo, desde su petición cautelar en marzo, no ha tomado medidas para agilizar la situación de estos menores y exigió que en 30 días tome varias medidas, como dotar de más personal y medios a las oficinas encargadas o engrasar su colaboración con el gobierno de las islas. Si no lo haciese, recuerda, la ley contempla la posibilidad de imponer multas o, incluso, llevar a la vía penal a los responsables. En la recta final del plazo marcado, el Gobierno central trabaja en un acuerdo con Canarias para hacerse cargo de estos chavales y analizar de manera individualizada.

El Gobierno de Canarias acudió al Supremo hace meses para denunciar que el Gobierno no se estaba haciendo cargo de los más de 1.000 menores de edad extranjeros y no acompañados que esperaban en las islas a que se tramitaran sus peticiones de asilo. El tribunal entendió que era competencia de la administración central e impuso medidas cautelares al Gobierno para que se hiciera cargo de los menores. En una vista reciente, un representante del Gobierno defendió que se habían puesto medidas en marcha pero reconoció, igualmente, que desde entonces no se había tramitado ni una petición de asilo de estos menores.

El Supremo entiende ahora que se ha dado un “claro incumplimiento” de sus órdenes cautelares de marzo, ya que no se ha evaluado ni a un solo menor, ni siquiera existiendo una lista con los nombres concretos de los solicitantes, que se encuentran en “situación de vulnerabilidad y necesidad”. “La Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes”, reprocha el Supremo.

La sala de lo contencioso-administrativo da un plazo improrrogable de 30 días al Gobierno para que las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional tengan los “medios personales y materiales necesarios” para que todo se tramite en “un plazo razonable”. No pueden pasar más de seis días desde que un menor exprese su voluntad de solicitar protección y la formalización de su solicitud. También da 15 días para articular un mecanismo “más eficaz” de colaboración con Canarias y poner a su disposición los recursos necesarios, además de un calendario de reuniones.