El Banco de España confirma que no pueden discriminarte por tu IBAN: qué debes hacer si te sucede

En los últimos años, la discriminación basada en el código IBAN ha emergido como un problema creciente para usuarios bancarios en España. El IBAN, un estándar internacional que identifica las cuentas bancarias a nivel europeo, debería garantizar la igualdad y facilitar la movilidad financiera dentro de la Unión Europea. Sin embargo, algunas entidades financieras imponen restricciones o condiciones adicionales a clientes con cuentas en otros países comunitarios, dificultando el acceso a servicios básicos.

Esta práctica ha generado inquietud y denuncias, y ha llevado al Banco de España a emitir una información contundente para erradicar esta forma de trato desigual, que va en contra de la normativa vigente.

El regulador financiero español ha recordado que las entidades están obligadas a tratar por igual a todos los usuarios, sin importar el país de origen del IBAN, y que cualquier restricción debe fundamentarse en razones objetivas como la prevención del fraude o la seguridad, nunca en la nacionalidad de la cuenta.

Con esta postura, el Banco de España refuerza su compromiso de proteger a los consumidores y de asegurar un sistema financiero justo y accesible. Además, ha informado sobre las medidas que los afectados pueden tomar y las autoridades a las que pueden acudir para reclamar en caso de sufrir esta discriminación.

Pasos a seguir si detectas discriminación por tu IBAN

Cuando un cliente sospecha que está siendo discriminado por tener un IBAN de otro país de la Unión Europea, es importante actuar con claridad y determinación. La primera medida es informar a la entidad que está obligada, según la normativa europea, a aceptar cuentas de pago con IBAN provenientes de cualquier país miembro de la UE, sin imponer condiciones injustificadas. Esta comunicación debe realizarse de forma escrita para dejar constancia y solicitar una explicación clara y motivada del trato recibido.

Si la respuesta del banco o entidad no es satisfactoria o simplemente no se obtiene contestación, el siguiente paso consiste en enviar una reclamación formal. Este procedimiento obliga a la entidad a revisar y responder al caso con mayor rigurosidad, documentando el conflicto.

En caso de que la reclamación no prospere, la persona afectada tiene la opción de reportar la presunta infracción a la autoridad competente, dando así continuidad al proceso de defensa de sus derechos. Esta cadena de actuaciones busca garantizar que la discriminación no quede impune y que los usuarios puedan acceder a servicios financieros en igualdad de condiciones.

A qué organismos dirigirte para defender tus derechos

Cuando la discriminación por IBAN proviene de un Proveedor de Servicios de Pago (PSP), como un banco o una entidad de pago, o cuando surge en relaciones comerciales entre empresas, emprendedores o profesionales que actúan en el ámbito de sus actividades económicas, la autoridad encargada de atender la reclamación es el Banco de España. El organismo cuenta con canales específicos para recibir quejas y ofrecer mediación, disponibles a través del correo electrónico paymentsystems@bde.es y mediante su página web oficial.

En aquellos casos en los que la empresa presuntamente infractora afecta a un consumidor particular, la competencia recae en las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Estas entidades regionales están encargadas de proteger a los usuarios y pueden tramitar denuncias y reclamaciones relacionadas con prácticas discriminatorias.

Para facilitar el acceso a la información, la Comisión Europea publica una lista completa con los organismos responsables de garantizar el cumplimiento del Reglamento SEPA, herramienta clave para asegurar que no se produzcan exclusiones injustificadas en el sistema financiero comunitario.

Con esta confirmación del Banco de España, queda reforzado el derecho de los usuarios a ser tratados con igualdad en todo el territorio europeo, sin importar el origen de su cuenta bancaria. Frente a cualquier indicio de discriminación, es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y las vías a su alcance para exigir un trato justo y sin barreras. La colaboración entre los usuarios, las entidades financieras y las autoridades es esencial para construir un sistema bancario más transparente, inclusivo y respetuoso con los principios de la Unión Europea.