Durante el primer trimestre de 2025, el robo de alimentos y bebidas en México se consolidó como el delito de carga más frecuente, toda vez que representa el 34% de los incidentes reportados a nivel nacional, según el más reciente informe de Overhaul.La empresa de gestión de riesgos en la cadena de suministro explicó que aunque este tipo de productos siempre han sido "blanco fácil" para el crimen, por su rápida reventa en el mercado informal, hoy este fenómeno muestra una dimensión más compleja, al ya no tratarse de robos aislados, sino de operaciones planeadas y sistemáticas.¿Cuál fue la declaración de Overhaul?"El robo de alimentos y bebidas ya no es un acto aislado, ni improvisado. Las redes dedicadas a este tipo de delito han evolucionado en su estructura y métodos, operan con una logística propia que les permite interceptar camiones en movimiento, coordinar ataques en horarios estratégicos y manipular sistemas de rastreo", puntualizó.El informe detalla que 62.6% de los robos se producen cuando los camiones están en movimiento, lo que evidencia la planificación y la capacidad operativa de los criminales; además, 81 por ciento de los incidentes involucran violencia directa contra los conductores.¿Qué implicaciones tienen los atracos?El informe precisó que cada asalto implica la interrupción de rutas, la necesidad de activar protocolos de emergencia y la reasignación de recursos para recuperar mercancías o salvar la integridad de los operadores. Ante este escenario, las empresas deben invertir en tecnología de rastreo, seguros con mayores coberturas y capacitación constante, lo que incrementa los costos de operación.Además, la posibilidad de que un camión sea asaltado, en cualquier punto del trayecto, obliga a modificar rutas, horarios y estrategias de entrega, generando retrasos y afectando la puntualidad en el abasto de productos.El impacto más allá del roboOverhaul explica que cada unidad robada no sólo supone una pérdida económica para las empresas transportistas o para las marcas que mueven su producto, sino que también conlleva una serie de problemas. Detrás de cada caso hay rutas alteradas, entregas que no llegan a tiempo, protocolos de emergencia activados, costos adicionales en seguros y rastreo satelital, además de la presión constante a la que se ven sometidos los operadores.Las compañías deben redirigir recursos para intentar protegerse, lo que eleva los costos logísticos y, eventualmente, repercute en el consumidor final.El informe añadió que no solo es un problema de transporte, pues cuando los alimentos no llegan a sus destinos, se generan retrasos o desabastecimiento temporal en tiendas, supermercados y mercados locales, lo que afecta especialmente a comunidades alejadas, donde la reposición de mercancías tarda más en concretarse."Frente a este panorama, la respuesta institucional y privada ha sido diversa, algunas empresas han mejorado sus sistemas de rastreo o han modificado sus rutas, pero el problema persiste", alerta la firma de gestión de riesgos."Las correctivas no son suficientes si no van acompañadas de una estrategia integral que incluya la prevención del delito, el fortalecimiento de la inteligencia, el apoyo a los operadores, medidas y una colaboración más efectiva entre las autoridades, el sector logístico y las aseguradoras", concluyó.MD
