Activistas piden fin de detención provisional prolongada en El Salvador
San Salvador, El Salvador. Un centenar de activistas marcharon este miércoles hasta el Congreso de El Salvador para pedir que no prorrogue un decreto que extendió la detención provisional a dos años y avaló juicios colectivos.
En julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto con “disposiciones transitorias especiales” para procesar a los detenidos en el marco de un régimen de excepción que da sustento legal a la “guerra” que el presidente Nayib Bukele declaró a las pandillas en marzo de 2022.
Ese decreto extendió la detención provisional de seis a 24 meses y autorizó juicios colectivos para pandilleros que operaban en una misma área. Esta norma especial rige hasta inicios de agosto próximo.
“Lo que queremos pedir es que ya no prorroguen el Decreto 803, que es el decreto que le da a la Fiscalía [la facultad] (...) de seguir prolongando las detenciones provisionales”, declaró a la AFP Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Al coro de la consigna “defendemos inocentes”, los activistas del Movir marcharon desde la plaza José Martí y hasta el edificio de la Asamblea, donde entregaron una carta para los diputados.
“Queremos que ya no sigan alargando el plazo, que si son inocentes que los liberen y si son culpables que los metan presos”, dijo Ramírez.
Muchos presos tienen “cartas de libertad” extendidas por juzgados y “no los dejan libres”, afirmó.
En la manifestación participó Ana Mercedes García, campesina de 63 años, quien denunció que su hijo, detenido en mayo de 2022, sigue preso, aunque obtuvo carta de libertad en octubre de 2023.
“Siento que el gobierno lo que está haciendo es una injusticia con mi persona, porque yo soy pobre y no tengo como pagar abogados”, indicó García.
El lunes, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo al estatal canal 10 que a la fecha se registran “un poco más de 87.000 capturas” de presuntos pandilleros.
Unos 8.000 de ellos salieron en libertad tras ser declarados inocentes, según cifras oficiales, pero organizaciones de derechos humanos aseguran que todavía hay miles de inocentes tras las rejas.