El gobierno de Ayuso ve «ilegal e inconstitucional» la reforma de la Ley de Extranjería y acusa a Sánchez de usarla como «coartada política»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila , ha calificado este viernes como «absolutamente ilegal e inconstitucional» el decreto ley por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que prevé el traslado automático de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Según señaló, esta postura está avalada por los servicios jurídicos de once gobiernos autonómicos, entre ellos algunos gobernados por el Partido Socialista, como Castilla-La Mancha. En declaraciones a los medios antes de participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Dávila ha denunciado que el Ejecutivo central está utilizando al Ministerio de Juventud e Infancia como «coartada» para beneficiar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al expresidente catalán Carles Puigdemont y a las «mafias que trafican con seres humanos». Ana Dávila aseveró que la propuesta de los territorios que rechazan el reparto de los menores migrantes es "una enmienda a la totalidad" a la reforma de la antedicha ley, puesto que el Gobierno "traslada a menores como si fueran paquetes". "A Sánchez sólo le importa Sánchez", deslizó. Asimismo, ha defendido que las comunidades autónomas firmantes del recurso ante el Tribunal Constitucional —que representan aproximadamente al 70% de la población española— han presentado una «enmienda a la totalidad» al planteamiento del Ejecutivo. Dávila ha señalado que Madrid es una comunidad «solidaria», pero ha advertido de que ya está gestionando un número «ingente» de menores migrantes, en un contexto de saturación de sus recursos. «Llevamos meses alertando al Gobierno de que nuestros centros están colapsados, y su respuesta ha sido el silencio», lamentó. Por último, ha acusado al presidente del Gobierno de carecer de una verdadera política migratoria y de ignorar las estrategias de otros países para evitar tragedias en el mar. «Es urgente que España adopte medidas eficaces que frenen la pérdida de vidas humanas y que aborden este reto con la seriedad que merece», concluyó.