Los casos de corrupción que asedian al PSOE y a Moncloa encarecen aún más el apoyo de los socios que va a pagar el Gobierno para mantener su tambaleante legislatura. A mayor debilidad del jefe del Ejecutivo, pendiente del hilo de los escándalos que lo sacuden a diario en las portadas de los periódicos, mayores son las peticiones de los que lo sostienen a duras penas en el poder. Si las concesiones hechas hasta ahora, que incluyeron una ley de Amnistía redactada por los propios delincuentes, resultaban escandalosas, la delicada coyuntura en que la corrupción ha situado al sanchismo hace temer una gran extorsión al Estado a cambio de la estabilidad de los Presupuestos que den algo de aire a Sánchez hasta 2027. El Gobierno se reúne estos días con sus socios de investidura para ofrecer unos pactos y cuentas en los que cumpla con todas sus exigencias. Los independentistas saben que el Gobierno está muerto, pero se prestan a mantenerlo hasta el final de la legislatura en un coma inducido del que esperan conseguir hasta la última de sus reivindicaciones. Consideran que esta es la ocasión perfecta. Quieren terminar de arrancar sus exigencias de un Estado cuyo Gobierno no se resiste a ser vampirizado hasta la última gota de sangre. El PSOE está hablando con los que le dan un hálito de vida en su exigua aritmética parlamentaria, un grupo de partidos comandados por Junts. Con ellos se encamina una etapa de cesiones de la que desconocemos el final una vez que el Gobierno se encuentra desesperado y ha conseguido que el Constitucional avale el mayor de sus desmanes: la ley de Amnistía . Sánchez negocia su propia supervivencia contra los intereses del Estado en una cuesta abajo sin freno ni límite. Los Presupuestos de 2026 –para los que ahora sí parece encontrar un ambiente propicio– necesitarían, además de unas cuentas escandalosamente favorables a Cataluña o País Vasco en cuanto a inversiones, otros acuerdos paralelos. El PNV mantiene su petición de que sea transferida al País Vasco la gestión de la Seguridad Social, una victoria para la que en este momento encuentra una oportunidad inigualable con un Sánchez asomado a un adelanto electoral en el que perdería el poder frente a la suma PP-Vox. De Bildu no se han conocido los acuerdos que le comprometen, aunque hemos visto a Aizpurua firmar la mal llamda ley de Memoria Democrática y el propio Otegi confesó que apoyaría los Presupuestos si servían para sacar a los terroristas de las cárceles. Todos apoyaron una moción de censura al PP con la excusa de limpiar la corrupción y andan ahora sosteniendo a un Gobierno al que se le multiplican los escándalos. Ninguno quiere verse ante la llegada de la derecha al poder y prefieren mantener a salvo la legislatura si así consiguen el despiece final del Estado. El 14 de julio se reunirá la comisión bilateral sobre financiación singular que pactaron ERC y el PSC. Sánchez, que ya ha cedido la gestión del IRPF en 2026, podría estar dispuesto a entregar la cesión de impuestos a la comunidad y a emprender nuevos caminos a territorios ignotos. Además, podría reforzar aún más las inversiones en Rodalies y el Prat en detrimento de regiones menos desarrolladas, ahondando así en la desigualdad territorial. También pretende favorecer a las patronales catalanas y fomentar su mayor presencia en las instituciones del Estado. Para los partidos independentistas de Cataluña, una vez conseguida la amnistía avalada por Conde-Pumpido, el horizonte vuelve a ser el referéndum de independencia y podríamos alegar que su aplicación es irrealizable porque no cabe en el orden constitucional si no lo hubiéramos dicho de otras concesiones que parecían imposibles y finalmente no lo fueron.
