En defensa de los pescadores artesanales
En la vasta franja costera del Perú, los pescadores artesanales desempeñan un rol que trasciende lo económico. Son actores fundamentales de una cultura marítima milenaria y guardianes de una relación equilibrada entre el hombre y el ecosistema marino.
Según el Ministerio de la Producción (2019), la pesca artesanal aporta el 64,1% del total de los recursos destinados al consumo humano directo. Sin embargo, su lugar en la estructura productiva del país permanece vulnerable tanto a las dinámicas muchas veces abusivas del mercado como a decisiones políticas que los relegan.
En los últimos años, propuestas legislativas del Congreso han buscado redefinir los márgenes de la pesca artesanal sin criterio técnico. Por ejemplo, la Ley 31749, promovida por Alianza para el Progreso, redujo los espacios protegidos para la pesca artesanal a fin de beneficiar a la pesca industrial.
Ante ello, gremios artesanales han advertido que estos cambios permiten prácticas depredadoras en zonas de reproducción de la fauna marina.
A esta afectación que proviene del Congreso, se suman los derrames petroleros ocurridos frente a la costa central y en Talara.
Las consecuencias negativas son diversas. La ONG Oceana estimó una pérdida acumulada anual de US$2,2 millones solo entre Ancón, Chancay y Ventanilla tras el derrame de petróleo ocurrido en instalaciones de Repsol.
Por otro lado, de acuerdo con Sonapesca, el derrame ocasionado por maniobras de embarque operadas por Petroperú a finales de 2024 impactó a unas 2.500 familias de pescadores artesanales en Lobitos, Piura.
Las respuestas institucionales fueron fragmentadas y tardías. Si bien han ocurrido compensaciones, se omite la fragilidad jurídica en la que quedan atrapadas las víctimas y se ignora el daño al ecosistema marítimo.
Reconocer la centralidad del pescador artesanal es una exigencia ética que implica replantear marcos regulatorios, fortalecer mecanismos de participación y asumir, con claridad, las responsabilidades del Estado frente a los impactos que permiten o encubren daños al ecosistema.