El Gobierno de Baleares reclama formalmente a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el 'caso Koldo', que devuelva los 3,7 millones de euros abonados por el lote lote de mascarillas defectuosas abonadas por el anterior ejecutivo de la socialista Francina Armengol durante la pandemia. A esta cantidad se añaden los intereses de demora que, según fuentes cercanas confirman a ABC, podrían superar el medio millón de euros, aunque la cifra exacta no se ha especificado en la propuesta oficial. El Servicio balear de Salud (IB-Salut) exige, además, una indemnización por daños y perjuicios por un total de 173.478 euros, desglosados en 114.560 euros por el almacenamiento de las mascarillas, 1.432 euros en costes de traslado, 771 euros por la manipulación y 56.715 euros correspondientes al flete aéreo para su envío a Mallorca. La reclamación formal, presentada recientemente por el ejecutivo presidido por Marga Prohens (PP), da un plazo inicial de 10 días hábiles a Soluciones de Gestión para responder a la propuesta, plazo que la empresa ha solicitado ampliar en cinco días más. Por tanto, será a mediados de julio cuando se espera que presente sus alegaciones, tras lo cual el director general de Salud, Javier Ureña, emitirá la resolución definitiva. «Ya dije el primer día que este Gobierno no perdonaría ni un euro, ni un céntimo, a la presunta trama corrupta del PSOE», ha afirmado Prohens este lunes. La presidenta ha sido tajante al responsabilizar al anterior Ejecutivo balear de abrir las puertas a la red investigada en el caso Koldo: «Fueron ellos quienes introdujeron en Baleares a una trama vinculada a la financiación del PSOE». La operación cuestionada se remonta a mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria, cuando el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) en pleno pico de la pandemia, adjudicó por la vía de emergencia -y con fondos europeos Next Generation- un contrato para la compra de 1,5 millones de mascarillas FFP2. Según un informe oficial del 8 de junio de 2020, los cubrebocas resultaron no cumplir con los requisitos para uso sanitario, siendo quirúrgicas y no FFP2. Pese a ello, la información fue sistemáticamente ocultada a órganos de control, fondos europeos, fuerzas policiales y al Parlamento balear, donde la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez, negó la existencia de material defectuoso y se permitió incluso presumir de gestión: «Quizá me dirá suerte, suerte o buena gestión, no lo sé». Para entonces, ya había ordenado inmovilizar todo el lote y sabía perfectamente que no era apto para su uso sanitario. Ni la Intervención General de la comunidad autónoma, ni los órganos de gestión de los fondos europeos, ni siquiera la Guardia Civil, cuando se personó en 2022 en la sede del Ib-Salud para recabar documentación sobre el contrato, fueron informados de la verdadera naturaleza del lote. De hecho, el informe que invalidaba las mascarillas no fue incorporado al expediente entregado a los agentes, y aún hoy sigue sin aparecer entre los documentos requeridos, según se desprende de la investigación judicial del caso Koldo. El Consell Consultiu de Baleares concluyó que el contrato adjudicado por el gobierno de Armengol era nulo de pleno derecho. En su dictamen, el máximo órgano jurídico autonómico subrayó que Soluciones de Gestión carecía de capacidad técnica y de solvencia para ejecutar el suministro. La adjudicación, sin embargo, se formalizó por la vía de emergencia sin controles adecuados. Prohens ha subrayado que su ejecutivo no sólo exige la devolución de los 3,7 millones, sino también el reintegro de todos los costes asociados: «Nunca fueron utilizadas, nunca fueron reclamadas y nunca fueron devueltas», ha lamentado la presidenta. «Queremos que se retorne, no al Gobierno, sino a los bolsillos de los ciudadanos de Baleares, que son los que presuntamente han financiado con sus impuestos al PSOE», ha añadido. El caso de las mascarillas se enmarca en la investigación judicial del llamado caso Koldo, una presunta trama de corrupción vinculada a contratos de emergencia firmados durante la pandemia con la empresa Soluciones de Gestión. La Audiencia Nacional instruye la causa, que ya ha salpicado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, presunto intermediario de la red. Según la Guardia Civil, la empresa actuó como pantalla para desviar comisiones millonarias a través de adjudicaciones públicas que suman más de 54 millones de euros. La diputada del PSIB-PSOE Amanda Fernández ha celebrado ahora que el Gobierno del PP haya formalizado la reclamación de los 3,7 millones de euros por las mascarillas fraudulentas adquiridas bajo la gestión de Francina Armengol, pese a que su partido guardó silencio durante años y ocultó la existencia del lote defectuoso. Curiosamente, no fue hasta después de perder las elecciones cuando el PSOE decidió reconocer la necesidad de recuperar ese dinero, lo que puso en tela de juicio esta gestión. Cinco años después, las mascarillas siguen almacenadas, caducadas y sin uso posible. El Gobierno de Baleares ha pedido a la empresa que lo retire de los almacenes de Marratxí y se las lleve definitivamente para que no ocupen más espacio.
