Denuncia contra Raúl Canelo anticipa una batalla por el control del Jurado Nacional de Elecciones
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) atraviesa una disputa. A tan solo un año de que esta institución clave elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el actual decano, Raúl Canelo Rabanal, enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de organización criminal, interpuesta el pasado 27 de mayo. Pero más allá del expediente, el contexto mostrarían que esta ofensiva legal es parte de una disputa política que busca controlar el destino del CAL y su influencia electoral en el JNE.
En ese contexto, el JNE está compuesto por cinco miembros: representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima, y de los decanos de universidades públicas y privadas. Este organismo no solo supervisa los comicios, sino que también garantiza la legitimidad de los procesos electorales en el país, ahí estaría la razón del por qué esta pugna por el CAL.
Según el estatuto del CAL, en caso de vacancia o suspensión del decano, la Junta Directiva asume el gobierno del colegio y tiene la potestad de convocar elecciones internas. En ese contexto, si dicha directiva queda en manos de sectores alineados a quienes promueven la salida de Raúl Canelo, podrían organizar el proceso bajo condiciones favorables para influir en la elección del próximo representante del CAL ante el JNE, una figura clave en las elecciones de 2026.
La denuncia presentada por el abogado Moisés Borja Torres, acusa a más de treinta personas de integrar una estructura ilegal dentro del CAL, con el supuesto propósito de capturar sus finanzas, bloquear auditorías y usar el aparato disciplinario para tomar el control de la institución.
El abogado Raúl Mendieta se refirió a la denuncia penal presentada por Borja, y la calificó como infundada y carente de sustento legal. "Esa denuncia es un mamarracho, imagino que una fiscal especializada rechazará preliminarmente esta denuncia sin atisbos de abrir investigación o diligencias previas. No merece si quiera que le presten atención", puntualizó.
Entre los mencionados están miembros del Consejo de Ética, la Junta de Vigilancia, y delegados de la Asamblea. En esa línea, el documento de más de 30 páginas denuncia malversaciones, contratación de trabajadores fantasmas, uso indebido del poder disciplinario y una estrategia coordinada para inhabilitar a la directiva liderada por Canelo.
En ese contexto, Mendieta, sostiene que el proceso iniciado por el Ministerio Público presenta vicios graves desde su origen. "Esa denuncia viola las normas de competencia. La fiscal, atentando contra sus reglamentos y protocolo, abre investigación y oficia. El doctor Canelo ha solicitado a través de su defensa la inhibición de la Fiscalía", declaró para este medio.
No obstante, lo que revela esta denuncia va más allá de un conflicto interno. Según Canelo , esta crisis se inscribe en una lucha de poder mayor, que involucra a actores del Ejecutivo y del Congreso interesados en controlar el aparato electoral a través del representante del CAL en el JNE.
En declaraciones previas, el decano ha señalado directamente al actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, como uno de los principales impulsores de su suspensión, motivado, según dice, por su oposición a leyes que vulneran la independencia institucional.
En este escenario, lo jurídico se mezcla con lo político. Veamos, el CAL no es un actor cualquiera, ya que como parte del sistema de justicia electoral, su representación en el JNE tiene peso en las decisiones sobre procesos electorales, proclamación de resultados y resolución de controversias. Por ello, para algunos sectores, la captura institucional del CAL representa una oportunidad para asegurar un control indirecto sobre las reglas del juego electoral rumbo al 2026.
Es importante recordar que en las elecciones de Pedro Castillo, el voto del representante del CAL ante el JNE fue decisivo para validar los resultados en medio de las impugnaciones promovidas por sectores ultraderechistas. O sea, que puede inclinar la balanza en los momentos más críticos de un proceso electoral.
A esto se suma el hecho de que, en 2026, el CAL debe realizar elecciones para renovar a su representante ante el JNE. Esta designación, es decisiva para el equilibrio de poderes en el sistema electoral. De ahí que la actual arremetida contra Canelo forme parte de un engranaje mayor, donde lo que está en juego es la legitimidad del proceso electoral.
"El CAL tiene capacidad legislativa, el CAL puede plantear acciones de inconstitucionalidad, el CAL maneja el patrimonio de muchas personas, cada uno de los integrantes pone 17.000 soles mensuales, seremos aproximadamente quizá 150 mil personas. No solamente es la importancia jurídica del cargo, sino también patrimonial", explicó Mendieta.
El trasfondo se entrevera aún más si se considera el patrón de ataques coordinados. La ofensiva disciplinaria desde el Consejo de Ética, la convocatoria a Asambleas Generales irregulares, el intento de declaratoria de vacancia de la actual directiva y las resoluciones que permitieron la autoproclamación de un 'decano encargado' son algunos de los movimientos señalados por los denunciantes como parte de un plan estructurado.
Además, diversos informes de auditoría encargados por la actual gestión del CAL identificaron irregularidades de gestiones pasadas, incluyendo compras sobrevaloradas, procesos de selección viciados y perjuicios económicos superiores a los diez millones de soles.
Esto habría motivado a la nueva administración a impulsar una reestructuración interna y a transparentar el uso del patrimonio institucional. Pero esas acciones también encendieron alarmas en sectores que ahora estarían articulando para frenar la reforma.
Mientras tanto, el Ministerio Público ya ha abierto una carpeta fiscal contra Canelo y otros miembros de la directiva, como parte de las diligencias iniciales. A la par, se ha activado una investigación distinta, promovida por sectores contrarios a Canelo, que lo acusan también de mal manejo administrativo.
Sin embargo, crece la percepción de que se está usando el aparato fiscal para judicializar una disputa política, con miras a lograr una ventaja estratégica de cara a los comicios del 2026.