El discurso ético del PSOE ha quedado reducido a ceniza con el auto de prisión dictado contra Santos Cerdán , su secretario de Organización hasta hace pocas semanas. A los socialistas y al Gobierno les resultará difícil encajar esta decisión judicial en sus ataques habituales contra la Justicia –el famoso 'lawfare'– porque el encarcelamiento de Cerdán se ha producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, no de una peligrosa asociación ultraderechista. El auto del magistrado Leopoldo Puente es la descripción de una organización criminal incrustada en la cúpula del PSOE y en la mesa del Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Transportes. La organización criminal formada –presuntamente– por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán fue ganando extensión, poder y beneficios gracias a sus puestos de responsabilidad en el Gobierno y en Ferraz. Los indicios que desgrana con detalle y precisión el auto del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo configuran el dibujo de un grupo mafioso acomodado en el corazón del PSOE y utilizando en su beneficio los resortes que les proporcionaban sus cargos políticos en las más altas instancias del partido y del Ejecutivo. Habría que precisar algo más: en su beneficio y en beneficio, dice el auto, de «más personas, físicas o jurídicas». La tierra que los socialistas quieran ahora poner entre ellos y los tres investigados por el Alto Tribunal se está estrechando, porque la organización criminal que montaron solo fue posible gracias a sus cargos orgánicos, así que, en la lógica de estos delitos que cabalgan a lomos de estructuras corporativas, es probable que el PSOE sea llamado también como persona penalmente investigada. El auto de prisión provisional dictado contra Santos Cerdán justifica su encarcelamiento en el riesgo de perjuicio a fuentes de prueba que aún no se han hallado; pruebas que Cerdán tendría bajo su control, porque era el líder operativo de la organización criminal de cuya composición son conocidos, por ahora, además del anterior número tres socialista, José Luis Ábalos y Koldo García. Por el momento, lo contundente contra esta trama está siendo la Justicia, no el PSOE ni Sánchez, que hicieron candidato a Ábalos en 2023 y a Cerdán, secretario de Organización en el Congreso Federal del pasado mes de noviembre, cuando las informaciones conocidas en esos momentos sobre uno y otro aconsejaban, al menos, cierta prudencia. Para ordenar el encarcelamiento, el magistrado no se ha limitado a juzgar las conversaciones grabadas por Koldo García, que las da por válidas frente a los intentos de la defensa de Cerdán de cuestionarlas. También ha tenido en cuenta las valoraciones subjetivas en los concursos de contratación que dieron tantas «ilícitas adjudicaciones de obra pública» a Acciona, empresa relacionada con Cerdán a través de la sociedad Servinabar. La decisión judicial afirma la existencia de un «homogéneo y consistente conjunto de indicios (…) verdaderamente extraordinario». El PSOE ha valorado este auto con cierta indiferencia, como si el hecho de que Cerdán hubiera abandonado sus responsabilidades en el partido le diera inmunidad política y judicial. Pues no deberían los socialistas dar por segura ni una ni otra, porque el navarro no era un cargo más del partido, sino su secretario de Organización, enviado especial a negociar con Puigdemont la investidura y la amnistía o ejecutor de las purgas territoriales para afianzar el sanchismo. El propio Sánchez alardeaba de que era un hombre «de su máxima confianza». No, Cerdán no era un personaje cualquiera en el PSOE y, por esto, arrastra consigo la sombra del partido al que ha servido con tanta eficacia como pocos escrúpulos. Tampoco parece que vaya a funcionar la estrategia del PSOE de dar por zanjado el caso con la cabeza de Cerdán servida en bandeja a la opinión pública. Este sería el escenario ideal para los socialistas, pero la investigación tiene que arrojar aún más luz y las dimensiones de la trama apuntan más allá del trío formado por Cerdán, Ábalos y Koldo. Resulta poco útil para el PSOE insistir en la corrupción pasada del PP, porque la comparación no beneficia a los socialistas. Los tres hombres de confianza de Sánchez en su reconquista de la Secretaría General de su partido (meses después de que le echaran) están investigados por el Tribunal Supremo por delitos cuya gravedad y extensión no podían pasar desapercibidas a la dirección socialista. Muchas manos quemadas en el PSOE y muchos lamentos de plañidera que no bastan para esquivar la responsabilidad política que apunta directamente a Sánchez. Por ahora, solo política.
