El salario mínimo perdió 14% de poder de compra en Perú: cómo quedamos frente a la región y por qué sigue sin alcanzar

A inicios de 2025, el Gobierno peruano anunció un incremento de S/105 en la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasó de S/1.025 a S/1.130. Con ese ajuste, el salario mínimo equivale hoy a aproximadamente US$316, considerando el tipo de cambio actual. Sin embargo, esa cifra no refleja una mejora real en el poder de compra de los trabajadores formales.

“El salario mínimo actual no alcanza para cubrir la canasta básica familiar”, advirtió a La República el economista Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo.

PUEDES VER: ¿Cuánto quieren ganar los peruanos? Pretensión salarial sube y alcanza los S/3.252 en mayo

Según explicó, una familia promedio necesita más de S/1.800 al mes para solventar sus necesidades básicas. Tras descontar el 13% de aportes a pensiones, el ingreso neto del trabajador que gana el mínimo queda por debajo de los S/1.000.

El problema de fondo es que entre 2018 y 2024, el salario mínimo perdió un 14% de su poder adquisitivo como consecuencia directa de la inflación acumulada, según Cuadros. El reciente reajuste del 10% no ha sido suficiente para revertir esa caída.

PUEDES VER: ¿Sabes cuántas veces aumentó el sueldo mínimo en Perú en los últimos 25 años? Creció cerca del 200%

La trampa del dólar en una economía parcialmente dolarizada

A esa pérdida se suma otro factor crítico: el tipo de cambio. Perú, como muchas economías latinoamericanas, tiene una dolarización parcial o informal. Esto implica que buena parte de los precios —alquileres, alimentos, productos importados— están directa o indirectamente referenciados en dólares.

“Si el precio del dólar sube, todo lo demás también”, señaló la economista Clara Inés Pardo en declaraciones a Bloomberg Línea. Así, aunque nominalmente los trabajadores reciban más soles, su capacidad de consumo frente a bienes y servicios básicos continúa deteriorándose.

La paradoja es clara: se gana más, pero se vive igual (o peor).

Un fenómeno regional

El caso peruano no es único. Según datos recogidos por Bloomberg Línea, países como Argentina, Chile, Bolivia, México, Colombia y Brasil también incrementaron sus salarios mínimos en 2025. Sin embargo, en casi todos los casos, los nuevos montos no alcanzan a cubrir el costo de una canasta básica, y mucho menos permiten ahorro o bienestar.

En Argentina, el salario mínimo llegará en julio a ARS$317.800 (US$262). En Brasil, será de R$1.518 (US$273), y en Bolivia subió un 10% hasta Bs2.750 (US$398). Incluso países como Costa Rica, que ostentan uno de los salarios mínimos más altos de la región (US$726), enfrentan altos precios en vivienda y transporte, lo que reduce su eficacia real.

“La mayoría de ajustes salariales no son proporcionales al aumento del costo de vida”, advierte nuevamente Pardo.

América Latina sigue por detrás

La mejor forma de comparar ingresos mínimos entre países es usando dólares ajustados por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), explica Sebastián Balsells, profesor de la Universidad Austral (Argentina). Según datos de la OIT, el salario mínimo promedio en América Latina es de US$772 PPA, lo que representa apenas el 60% del salario mínimo estadounidense (US$1.257).

Costa Rica (US$1.054 PPA) y Ecuador (US$1.022 PPA) lideran la región, mientras que países como Surinam (US$283) y Nicaragua (US$241,64) están en el extremo inferior. “Incluso los países con mayor nivel relativo no alcanzan el umbral estadounidense, y muchos están por debajo del 50%, lo que indica serias dificultades para cubrir los costos básicos de vida”, advirtió Balsells.

Perú se ubica en un rango medio-bajo dentro de este ránking. “Estamos rezagados incluso frente a otros países de América Latina”, señaló Cuadros.

Un salario sin brújula técnica ni consenso político

Además de los problemas macroeconómicos, Perú arrastra una falencia institucional de fondo: no cuenta con un mecanismo técnico vinculante para definir el salario mínimo. Si bien desde 2007 el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) aprobó criterios para su cálculo, estos nunca fueron incorporados en una norma obligatoria.

“La OIT brindó asistencia técnica en 2022, y se logró un consenso entre el gobierno y los trabajadores, pero el sector empleador aún no lo valida. El ministro de Trabajo no convoca al diálogo para cerrar el proceso”, cuestionó Cuadros.

Esa falta de institucionalidad mantiene al salario mínimo expuesto a decisiones políticas más que técnicas. Y con ello, su capacidad de responder a la realidad económica se diluye.