Los vecinos de la calle Pintor Sorolla, en Museros ( Valencia ), temen que la impunidad con la actúan unos okupas pueda acabar con sus vidas. En los últimos meses, han tenido que lidiar con incendios, sobredosis de droga en plena calle, perros peligrosos sin correa y hasta con la manipulación de la fuente de agua pública más cercana a sus casas. Un «infierno», como definen, por el que piden ayuda ante la situación de «extrema gravedad» que sufre su barrio. La pasada semana, presentaron sendas denuncias ante la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Museros para informar del «caos» que reina la citada calle, donde unos okupas habitan en 14 viviendas unifamiliares, propiedad de la Sareb, desde diciembre de 2023. Aseguran que ya fueron desalojados y tapiaron las casas, pero volvieron a entrar al poco tiempo. «Derriban sistemáticamente las entradas y ventanas repitiendo la pesadilla para el vecindario», sostiene el portavoz de la comunidad de propietarios. En el escrito presentado ante la Benemérita, los vecinos relatan que el pasado domingo 22 de junio, se registró un nuevo incendio en una de las viviendas okupadas, un incidente que señalan ha ocurrido en otras ocasiones. Apuntan que la presencia de varias bombonas de butano agrava la situación, poniendo en «riesgo la vida de los vecinos y de los propios okupas». De hecho, un vecino tuvo que intervenir para sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos y evitar una catástrofe mayor. Un día antes, describen, una okupa tuvo que ser reanimada por el SAMU debido a una sobredosis de droga . Insisten también en que se están produciendo «saqueos y manipulaciones del agua pública» de la fuente pública ubicada del cercano «Parque OVAL», manipulándola con botellas y artefactos como mangueras, lo que «puede suponer una intoxicación para los usuarios directos de la fuente» por el riesgo de infecciones víricas, bacterianas y fúngicas (como E. coli o Salmonella). Por ello, también exigen la «clausura inmediata y urgente» de la instalación por el «grave peligro para la salud pública, especialmente la de los jóvenes». Además, corroboran que los moradores ilegales tienen animales de razas peligrosas que «deambulan sin correa por el parque», los cuales además mantienen en condiciones «insalubres y antihigiénicas». Ante este echo, solicitan al consistorio que haga cumplir las ordenanzas municipales sobre tenencia de animales y la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en coordinación con el Seprona. Del mismo modo, exponen que durante las últimas semanas han escuchado fuertes discusiones que podrían apuntar a «indicios por malos tratos». A parte, en cuanto a la propia vivienda, denuncian que están realizando modificaciones estructurales sin supervisión técnica ni licencias de obras , lo que «pueden originar derrumbes que comprometan las estructuras de las viviendas colindantes», por lo que piden la supervisión de los profesionales del ayuntamiento para garantizar la seguridad de la zona. Por todo ello, instan «con carácter de urgencia» al Ayuntamiento de Museros, en particular del departamento de Asuntos Sociales, y del Juzgado de Massamagrell, a garantizar unas «condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de los menores», en cumplimiento con el art. 39 de la Constitución Española y el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. También reclaman la monitorización de posibles actividades de tráfico de estupefacientes y el refuerzo de la unidad de protección y lucha contra la Violencia de Género de la Guardia Civil. «La situación es de extrema gravedad y las autoridades deben actuar cuanto antes para proteger la vida de nuestros vecinos. Ofrecemos toda la colaboración vecinal para recuperar unas condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad en las inmediaciones, viviendas y el parque cercano», aseguran los miembros de la comunidad afectada. El pasado mes de septiembre de 2024, el Grupo Municipal Popular presentó al pleno del Ayuntamiento de Museros una moción para convocar una reunión urgente con la Conselleria de Vivienda y la Delegación del Gobierno, así como para revisar si en las viviendas okupadas se han producido empadronamientos ilícitos como acceso para ser beneficiarios de ayudas y derechos. Desde el PP de esta población valenciana señalan que «este problema se ha convertido en un urgente y prioritario para restaurar la seguridad , el bienestar comunitario y la convivencia pacífica», al tiempo que relatan los problemas que causan estos okupas: «Incendios, enganches ilegales, piscinas portables en estructuras que no soportan su peso, almacenan residuos de manera insalubre provocando plagas de ratas y cucharas, perros de razas peligrosas que salen por las ventanas con riesgo de caer, obras sin supervisión y restos de bebidas alcohólicas en la vía pública al alcance de los menores».
