El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, una norma que, utilizando la sostenibilidad como disculpa, va a afectar a una multiplicidad de sectores: aerolíneas, energéticas, automoción, electrodomésticos, industria alimentaria e incluso venta de entradas 'online'. Este 'superproyecto' es la norma más ambiciosa que ha pretendido llevar a cabo hasta ahora el departamento que dirige Pablo Bustinduy, de la parte de Sumar del Gobierno, que, precisamente, se ha significado por su actividad regulatoria. Desde que el ministro asumió el cargo en noviembre de 2023, ha protagonizado sendas cruzadas contra los pisos turísticos ilegales, el cobro por el equipaje de mano por parte de las aerolíneas de bajo coste o las plataformas chinas de venta minorista 'online'. Está por ver si el anteproyecto de ley sale adelante, visto la difícil aritmética parlamentaria y lo ambicioso de las reformas propuestas en la ley. En lo que refiere a publicidad, la ley se propone prohibir los anuncios de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, a excepción de gas; es decir, no habrá más anuncios de gasolina o gasóleo, aunque bien es cierto que hace tiempo ya que las energéticas han centrado su publicidad en la parte 'verde' de su negocio. Y esto último también afectará a la industria automotriz, pues tampoco se les permitirá anunciar -en cualquier medio- vehículos que no sean híbridos o eléctricos. A su vez, la ley también contempla la prohibición de la publicidad de los vuelos cortos -solo cuando el origen y destino sea peninsular- cuando exista una alternativa que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto. En relación a esto, hay que recordar que en este momento el Congreso tramita una norma -la Ley de Movilidad Sostenible- que incluye un mecanismo para suprimir vuelos cortos. La lista sigue con un paquete para combatir el 'ecopostureo' o 'greenwashing', términos hacen referencia a las técnicas que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin capacidad para demostrarlo. Esta es una reivindicación histórica, por ejemplo, de la industria de la alimentación ecológica, que interpreta como competencia desleal la venta de productos como «respetuosos con el medio ambiente», «amigos del medio ambiente», «verdes» o «biodegradables» sin un mecanismo legal que lo pueda demostrar; es decir, sin la llamada 'hoja verde' europea. También se prohibirá que las empresas se registren con nombres que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental, con la posibilidad de anular una marca ya inscrita si su tipografía lleva a engaño a los consumidores. A su vez, la ley pretende introducir una limitación a la obsolescencia programada, que, hay que recordarlo, es la práctica de reducir intencionalmente la vida útil de algunos productos -el uso más conocido se da en los electrodomésticos- para acelerar el reemplazo. Exactamente, la propuesta de Consumo incentiva la reparación al aumentar el plazo legal de garantía en doce meses adicionales cuando se opte por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía. Igualmente, cuando el productor esté fuera de la UE, este, el comercializador o el importador deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal. Exactamente, esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto. Pata impulsar esto último, el anteproyecto prevé implementar una plataforma en línea donde los consumidores puedan tener acceso de forma sencilla y gratuita a reparadores solventes a los que poder pedir presupuestos y solicitar reparaciones. Asimismo, la norma prohíbe ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales; prohíbe presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad y, entre otras, prohíbe cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad. Como ya se ha avanzado, la ley afectará también a la reventa de entradas al prohibir esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. Lógicamente, en la práctica esto elimina el incentivo para convertir la reventa en un negocio y se suma, por cierto, a la prohibición ya vigente que sanciona el uso de bots -léase, una aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red- para adquirir entradas de forma masiva para revenderlas posteriormente, que es, precisamente, el mecanismo que usan algunas webs -todavía, a pesar de la prohibición- para hacerse con 'tickets' de forma masiva.
